Tegucigalpa.- Juan Carlos Aguilar, asesor del departamento jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que como ente de la sociedad civil estará atento para denunciar cualquier anomalía que se pueda presentar en el proceso de selección y elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En declaraciones a Radio América, Aguilar, considera que, como representantes de la sociedad civil, asumirán como corresponde su rol de observación y como parte de ello contarán con un equipo de expertos nacionales e internacionales realizando veeduría en el actuar de la Junta Nominadora de los nuevos aspirantes a magistrados.
En ese sentido, añadió que además de capacitaciones, recomendaciones, sugerencias, el equipo de la Asociación para una Sociedad más Justa, estará alerta para denunciar cualquier mala práctica o irregularidad que pudiera presentarse en el marco del proceso del papel que debe desempeñar la Junta Nominadora.
Reconoce que el proceso marcha conforme la ley, pero existe un tema que les preocupa, ya que se avecina la participación de organismos de sociedad civil no registradas o desconocidas, ante ello consultó ¿sí se trata amplitud a la participación ciudadana, o serán utilizadas para elegir a un representante previamente en el desarrollo de la asamblea?
“En este proceso queremos ser más integrales en temas de capacitación veeduría, en función de ello, beneficiando a la ciudadanía con una CSJ idónea, para que la justicia no sea selectiva o instrumentalizada para proyectos políticos que al final va en detrimento del estado de derecho como lo sucedido en las administraciones anteriores”, señaló.
Sostuvo que en el proceso de selección y elección de magistrados no deberían participar funcionarios públicos y menos diputados, esto debido al conflicto de intereses, sino que mejor sean personas independientes y con una autonomía funcional.
Finalizó diciendo que “por eso nos opusimos a que se eliminarán las prohibiciones del artículo 15 orientadas a que no participarán funcionarios públicos de los últimos dos años, miembros de partidos políticos al igual que personas que hayan cometido delitos dolosos”.
