Tegucigalpa – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitó este jueves al Estado de Honduras revocar la medida de prisión preventiva a ocho ambientalistas presos hace más de un año por presunta asociación ilícita, portación ilegal de armas, robo e incendio agravado por oponerse a un proyecto minero.
El ente indicó en un comunicado que la prisión preventiva constituye una «medida arbitraria contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a las garantías de debido proceso».
Los ocho defensores del agua están presos desde finales de agosto de 2019, y son acusados de delitos de asociación ilícita, porte ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras.
El Juzgado de Letras de la ciudad de Tocoa, Caribe del país, celebrará este viernes una audiencia de supervisión de medidas a los defensores de Guapinol, por lo que el Cejil instó al Estado de Honduras a «cumplir con sus obligaciones internacionales al revocar la prisión preventiva y garantizar su protección y derechos humanos».
Según la Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán, Colón, el conflicto en Guapinol se origina «por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company), propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé (hija del fallecido magnate Miguel Facussé)».
Ese proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.
PUBLICIDAD Y OBSERVACIÓN INTERNACIONAL DE AUDIENCIA
El Cejil, organización no gubernamental consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA) fundada en 1991, aseguró que las comunidades de Guapinol y San Pedro, en Tocoa, han sido «sistemáticamente criminalizadas y acosadas» desde que se instaló en 2018 el Campamento por el Agua y por la Vida en defensa de sus territorios y los bienes naturales.
Denunció que, en los últimos meses, las agresiones en contra de la comunidad de Guapinol han crecido «exponencialmente», pues las fuerzas de seguridad pública y grupos de vigilancia hacen uso de la fuerza para «intimidar a la comunidad, asedio y hostigamiento contra mujeres defensoras» y promueven campañas de difamación en contra de los que se oponen al proyecto minero.
En este contexto de violencia fue asesinado Arnold Joaquín Morazán Erazo, quien se había vinculado a la labor de defensa del río Guapinol en 2018 y enfrentaba también un proceso de criminalización, añadió.
El Centro por la Justicia también solicitó a Honduras que garantice «la publicidad y observación internacional» de las audiencias del proceso judicial contra los defensores del agua y demandó «un cese total de actos de hostigamiento» en contra de la comunidad de Guapinol y San Pedro.
Exhortó además al Estado hondureño a que «se abstenga de utilizar indebidamente el derecho penal como herramienta de hostigamiento y amenaza a la libertad de las personas defensoras de derechos humanos».
Demandó también que «elimine cualquier práctica que busque desprestigiar o deslegitimar una lucha que se ha mantenido por años en resguardo de los bienes naturales».
«El Estado hondureño mantiene una deuda en garantizar un ejercicio digno del derecho a defender derechos y es menester que se atiendan las obligaciones internacionales en la materia, asegurando que ser una persona defensora de derechos humanos en Honduras no sea más una condena», indicó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. EFE
