Tegucigalpa.- La Misión Internacional de Observación (MIO) del proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), pidió este jueves al Gobierno que preside Xiomara Castro, que sea transparente.
En un informe virtual, la MIO, que estuvo en Honduras del 14 al 18 de noviembre, demandó además «evaluar con rigor y darle el peso adecuado a las denuncias, investigaciones o procesos judiciales sobre corrupción, vinculación con el crimen organizado o violencia sexual y de género, de cualquier naturaleza, presentadas contra las y los postulantes» que aspiran a ser magistrados del Supremo.
Sobre las denuncias de que el Ejecutivo estaría intentando incidir para controlar el Supremo, la MIO apuntó que su rol «debe ser transparente frente al proceso y así evitar cualquier injerencia indebida sobre la Corte Suprema de Justicia, tradicional tendencia de los Ejecutivos de la región».
Algunos sectores, incluso de la oposición política, han venido denunciado el presunto interés del Ejecutivo de controlar el Supremo, para lo que se apoyaría en diputados del Parlamento al momento de elegir a los quince magistrados, en enero de 2023, en un país donde el poder judicial no goza de credibilidad.
El Ejecutivo ha rechazado que intente controlar el Supremo, aunque eso ha sido una vieja práctica en Honduras que se ha repetido en los Gobiernos desde 1982, cuando se retornó al orden constitucional después de casi 20 años de regímenes militares.
La MIO-Honduras también expresó que la independencia judicial es fundamental para la instalación de una CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras), «pues solo una Corte Suprema de Justicia sometida a la Constitución y la ley y alejada de directrices políticas, puede garantizar una lucha contra la corrupción y confianza al concierto internacional».
También considera que se deberá realizar una solicitud especial de información a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), para garantizar que con la información obtenida se pueda desarrollar una evaluación apropiada de los requisitos de integridad, ética profesional e idoneidad para el cargo de todas y todos las y los postulantes que buscan ser magistrados.
La MIO reconoció los avances, principalmente normativos y de participación de la sociedad civil, por su compromiso de vigilancia y colaboración, y el «comprometido trabajo» de todas las personas que integran la Junta Nominadora (para la selección de 45 aspirantes), quienes han tenido que sortear obstáculos presupuestarios y el corto plazo que otorgó la ley para llevar a cabo el proceso de selección, entre otros aspectos.
En lo que respecta a la injerencia política sobre el proceso de selección, «la Misión subraya que puede constituir un grave atentado a la construcción del Estado de derecho en Honduras, desestimar la lista remitida por la Junta Nominadora y acudir a una negociación político-partidaria para designar la nueva Corte», añade el informe.
Sobre las y los actuales diputados presuntamente involucrados en actos ilegales que serían conocidos por la futura Corte, el informe destaca que «la autoexclusión de diputados y diputadas del proceso decisorio es lo que procede en caso de conflictos de interés respecto de las y los candidatos».
«Esta observación ha sido reiteradamente expresada por diferentes liderazgos de la sociedad civil, porque de lo contrario los congresistas eventualmente estarían eligiendo a sus propios jueces para la futura revisión de un caso que actualmente se investiga en su contra», subrayó la MIO.
La MIO la integran Edison Lanza, ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Claudia Martin, codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Juan Jiménez, ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y Jaime Arellano, ex director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). EFE
