La marea negra vuelve a tomar las calles de Hong Kong

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EFE/EPA/JEROME FAVRE

Hong Kong – Cientos de miles de manifestantes prodemocracia hongkoneses volvieron este domingo a salir a las calles en la llamada «Marcha del día de los derechos humanos», cuando se cumplen seis meses del inicio de las protestas que han asolado la ciudad semiautónoma china.

Medio año después del estallido de las protestas, una nueva marea negra volvió a inundar las calles para recordar sus demandas con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se celebrará el próximo martes.

Se trata de la primera marcha convocada por el Frente Civil de Derechos Humanos (CHRF) que recibe la aprobación de la policía desde el 21 de julio, día desde el que sistemáticamente se prohibieron las movilizaciones convocadas por esta organización y sólo se autorizaron concentraciones estacionarias, aunque se han permitido marchas de otros convocantes.

«El Gobierno de Hong Kong debe responder a nuestras cinco exigencias para cumplir con el deber de proteger los derechos humanos internacionales y defender la dignidad humana», instaron los organizadores en un comunicado.

El CHRF advirtió de que la de hoy es la «última oportunidad» para que la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, cumpliera con las cinco demandas principales de los manifestantes, que incluyen una investigación independiente sobre el manejo de las protestas por parte de la policía, una amnistía para los arrestados y el sufragio universal.

Con cánticos de «Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong» o el himno «Gloria a Hong Kong», activistas antigubernamentales, jóvenes y mayores, marcharon desde Victoria Park, en el bullicioso distrito comercial de Causeway Bay hasta Chater Road, cerca del corazón del distrito financiero.

Con la intención de dejar clara su ira hacia Pekín y hacia Lam, los participantes levantaron las manos para exigir que se cumplan las cinco demandas, entre las que está también una investigación independiente sobre las denuncias de brutalidad policial.

«Nuestra relación con la policía ha empeorado casi 180 grados y la opresión del partido comunista chino malvado es mucho más clara cada día. Siento que todos los hongkoneses y todos los que compartimos el mismo enemigo común estamos más unidos que nunca», dijo a Efe C. Ma, una azafata retirada de 40 años.

A lo largo del recorrido de la manifestación estaban colocados muchos puestos con urnas para recaudar fondos para la asistencia legal a los más de 4.000 detenidos hasta ahora en las protestas.

Los manifestantes también pidieron a la policía que dejara de lanzar gases lacrimógenos a los manifestantes, alegando que afectan la salud del público en general y dañan el medio ambiente.

En los seis meses desde que comenzaron las protestas en junio de 2019, la policía de Hong Kong ha disparado más de 10.000 descargas de gas lacrimógeno en toda la ciudad, una situación que ha generado preocupaciones de salud pública sobre la posible liberación de dioxina.

Aunque las autoridades sanitarias han dicho que no hay evidencias de esto, la policía se ha negado a revelar los ingredientes químicos en el gas lacrimógeno, argumentando «necesidad operativa».

Un fuerte cordón de agentes antidisturbios se desplegó hoy por todo el centro financiero.

La policía había anunciado horas antes del comienzo la detención de 11 personas y la incautación de varias armas.

Según las autoridades, los detenidos planeaban utilizar las armas durante la protesta para sembrar el caso y culpar a la policía, que ha sido acusada de abuso de la fuerza contra los manifestantes.

Horas antes de la manifestación, el Gobierno local emitió un comunicado en el que mostró su esperanza en que la gente, «al expresar sus puntos de vista y luchar por sus propios derechos y libertades, pueda consagrar los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que se respeten los derechos y libertades de los demás».

Asimismo, condenó todos los actos violentos e ilegales por ser contrarios al espíritu de la Declaración.

«Desde junio de este año hasta ahora, ha habido más de 900 manifestaciones públicas, procesiones y reuniones públicas», señaló el Ejecutivo.

«Desafortunadamente, muchas terminaron en enfrentamientos violentos e ilegales, incluyendo el bloqueo imprudente de carreteras, el lanzamiento de cócteles molotov y ladrillos, incendios, vandalismo, la quema de tiendas e instalaciones individuales de los ferrocarriles de tránsito masivo y del metro ligero», indicó.

El Gobierno se mostró favorable a «entablar diálogos, basados en la ley y en un ambiente pacífico y de confianza mutua» y afirmó que, tras la crisis del proyecto de ley de extradición que dio inicio a las protestas, «ha aprendido la lección y escuchará y aceptará humildemente las críticas».