San Salvador Los señalamientos de presunta corrupción de una lista de Estados Unidos divulgada la semana pasada bastarían para que la Fiscalía de El Salvador abra una investigación contra los funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele mencionados, indicaron este miércoles a Efe dos abogados.
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó una lista de 55 supuestos «actores corruptos y antidemocráticos» centroamericanos, entre ellos 14 salvadoreños y de los que 2 son funcionarios del círculo más cercano al presidente salvadoreño.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró el lunes que necesita un «elemento objetivo» de prueba para investigar, por lo que la lista no basta.
«Si yo no tengo un elemento objetivo, yo no puedo decir: ‘mire voy a iniciar una investigación en contra de estas personas’, aún y cuando aparezcan en este listado, aparezcan en otro, no lo puedo hacer en este momento», dijo en una entrevista televisiva.
Ruth López, jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de la organización humanitaria Cristosal, indicó a Efe que «el fiscal está obligado a investigar».
Agregó que la llamada «Lista Engel» y un comunicado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de inicios de junio pasado, en el que señalaba «acciones del Gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración», deben dar pie a investigaciones.
Recordó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) de la OEA, que el Gobierno decidió cerrar, presentó 12 avisos a la Fiscalía sobre presuntos casos de corrupción.
Con la llegada de Delgado a la Fiscalía el 1 de mayo pasado se desconoce si las investigaciones abiertas por estos avisos y que llevaron al exfiscal Raúl Melara a realizar allanamientos a distintas dependencias gubernamentales continúan o fueron archivadas.
En la referida fecha asumió la nueva Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, y su primera acción fue la destitución de los magistrados constitucionalistas del Supremo y del fiscal Melara, acción ampliamente criticada por la comunidad internacional.
Tras dichas destituciones, el Congreso nombró a los sustitutos, incluidos a asesores del Gobierno y abogados de altos funcionarios, entre ellos Delgado.
«El fiscal general responde a los intereses del Ejecutivo no abrirá ninguna investigación contra sus funcionarios o que afecte la imagen gubernamental», subrayó López.
Para el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, esta lista puede verse como «una noticia, al menos mínima, del cometimiento de un crimen».
Agregó que a la lista se pueden sumar las investigaciones de la Cicies y de la Corte de Cuentas sobre el supuesto uso irregular de fondos destinados a la atención de la pandemia.
Sostuvo que con esto «tiene los elementos incidiarios la Fiscalía para proceder».
Entre los señalados se encuentran Conan Castro, actual secretario jurídico del presidente, y Carolina Recinos, jefa del Gabinete de Gobierno. Además del ministro de Trabajo, Rolando Castro, y del jefe de las prisiones, Osiris Luna Meza. EFE
