Tegucigalpa- La reunión de este miércoles 14 de febrero es clave para el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, ya que el juez Kevin Castel, tomará la decisión sobre el uso de la información clasificada.
La defensa del exmandatario defiende el uso de la información la abogada Sabrina P. Shroff, se quejó ante el juez Castel por el manejo de cierta información clasificada que será debatida en el juicio que arranca el próximo martes 20 de febrero y calificó como “restricciones inaceptables” porque no se trata de información protegida ni de alta seguridad.
En ese sentido la decisión sobre si permitir o no el uso de la información clasificada recae en el juez Castel, quien evaluará este miércoles los argumentos de ambas partes y así determinar si procede o no el uso de la misma.
Prensa que cubre el evento denominado el juicio del siglo, detallan que en las próximas horas se espera que comparezcan las partes ante el juez Castel para discutir el manejo de las pruebas clasificadas.
Se habló precisamente del punto en el que la fiscalía busca prohibir al expresidente Hernández, que hable sobre las reuniones que efectuó durante su presidencia, con autoridades norteamericanas.
Según el análisis del abogado penalista Juan Carlos Diaz, como su nombre lo indica se trata de una información clasificada y alguna se considera secreta por las instituciones de inteligencia de Estados Unidos como la DEA y la CIA, por razones de seguridad, y ellos tienen sus reglas, por cuestiones de seguridad, entonces lo más probable es que la mantengan oculta, pero habrá que esperar la decisión del juez.
En efecto la prensa en New York, coincide con el análisis de los expertos en que lo que se conoce es que la Fiscalía de Nueva York se opone alegando que es información secreta y de seguridad que incluso podría poner en riesgo investigaciones en curso y operaciones en Honduras y en toda la región.
Por otra parte, la fiscalía alega que la información podría crear confusión en las personas del jurado.
Según los antecedentes, ya es habitual que la fiscalía se oponga a la divulgación de material sensible o información clasificada, bajo el argumento de proteger las fuentes y métodos de las agencias de inteligencia y seguridad.
