Tegucigalpa.- Pese a que su funcionamiento sigue siendo mínimo o nulo, los hospitales móviles, cuya compra generó el mayor escándalo de corrupción durante la pandemia por COVID en Honduras, siguen generando controversia en el país centroamericano, el último obedece a una mora por servicios de energía que asciende a más de dos millones de lempiras con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Así lo informó en una entrevista con HCH la doctora Cándida Rosa González, directora del Hospital Gabriela Alvarado de Danlí el cual es el administrador del hospital móvil asignado a ese sector del país.
El hospital móvil no presta atenciones médicas, pese a ello acumula cada mes una deuda de 350 mil lempiras por concepto de servicios de energía eléctrica.
Lo anterior ha provocado que se acumule una deuda por casi 2 millones de lempiras, apuntó la funcionaria.
Cabe señalar que Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) pagó de contado a finales de abril de 2020, 48 millones de dólares (1 mil 200 millones de lempiras) al intermediario guatemalteco Axel López, en una dudosa transacción catalogada de corrupta por entes civiles, que investigaron los procesos e igualmente lo hizo el Ministerio Público que ha desarrollado en el caso varias líneas de investigación.
El pago se realizó por la compra de siete hospitales móviles, de los cuales solo dos llegaron a funcionar a medias, el resto nunca funcionó ya que no contaban con los requerimientos necesarios para habilitarlos como centros de emergencia durante la pandemia.
Uno de estos hospitales móviles fue asignado a la ciudad de Danlí y pese a la inoperancia del inmueble genera un costo de mantenimiento alto para el Hospital Gabriela Alvarado encargo de su administración.
Cabe señalar que solo el hospital modular de San Pedro Sula opera normalmente; el de Tegucigalpa lo hace en forma parcial y solo atiende pacientes leves, mientras cinco más esperan que los echen a andar, entre ellos el de Danlí.
Es oportuno mencionar que recientemente la viceministra de seguridad Julissa Villanueva anunció que la Secretaría de Salud ya realizó el traslado de administración del hospital móvil que se encuentra en Danlí, El Paraíso.
En ese orden, detalló que dicho módulo será utilizado como un hospital de emergencias para privados de libertad.
Aún se estudia si el hospital móvil se ubicará en la Penitenciaría Nacional de Támara o en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara conocida como El Pozo, indicó la funcionaria.
No obstante, confirmó que hospital móvil será destinado para la atención de privados de libertad que resulten heridos de reyertas o que requieran atención primaria, apuntó la también exinterventora del sistema carcelario del país.
Entre tanto dicho hospital sea habilitado para atención de privados de libertad continuará aumentado la mora por servicio de energía eléctrica.
Lo anterior revela que los hospitales móviles no solo fueron ausentes durante la emergencia por COVID-19 sino que también ahora son una pesada carga pese a que no prestan servicios médicos.
