Tegucigalpa.- El asesor legal del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Saúl Bueso, dejó ver su preocupación por la falta de efectividad del mecanismo de protección a periodistas, abogados y defensores de derechos humanos en Honduras.
Bajo ese escenario, Bueso señaló que “en el portal web está la base de datos de las alertas publicadas, solo en 2023 suman ya más de 100 alertas interpuestas por comunicadores sociales; las amenazas están a la orden del día”.
Por el mismo tema, expuso el caso del comunicador Francisco Ramírez asesinado la semana pasada en Danlí, El Paraíso, quien ya había solicitado asilo en otro país tras sufrir un atentado en mayo de este año.
Bueso, indicó que “falta revisar el protocolo del mecanismo y cómo es que están resolviendo los problemas según el análisis del riesgo por el que está pasando la persona, luego el mecanismo debe ser independiente de la Secretaría de Derechos Humanos”.
Asimismo, apuntó que desde que asumió el nuevo Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos redujo su trabajo, dado que, “se despidieron a personas y se contrataron afines al Gobierno; debemos entender que el mecanismo es para darle protección a una persona que su vida está en riesgo”.
Según el asesor legal de C-Libre, la actual administración ha quedado a deber en cuanto a la protección de los comunicadores sociales, y añadió que es una crítica para que las autoridades tomen en cuenta la problemática que enfrentan los profesionales del periodismo.
“Hay que revisar las acciones que se han hecho desde el Gobierno para corregirlas, no recibir los señalamientos y criticas como censura; sino para que los funcionarios públicos mejoren su actuar y que el beneficiario sea el pueblo”, aseveró.
También cuestionó como desde el gobierno “nos han tenido en estado de excepción otorgando dinero extra del presupuesto a la Policía y los resultados han sido malos”, mientras que, con los periodistas son “intolerantes y con eso lo que hacen es polarizar a la población”.
