Tegucigalpa – Autoridades de Honduras inauguraron este viernes el Centro Integrado Expedito de Justicia Interinstitucional en la ciudad colonia de Comayagua, región central del país, con apoyo de la Unión Europea y España.
La obra fue inaugurada por el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, en un acto en el que participaron el embajador de España en el país, Guillermo Kirkpatrick, y el jefe de cooperación de la Unión Europea, David Mogollón.
El nuevo centro busca «ampliar y garantizar el acceso de la población a un sistema de justicia expedito, con mayor eficiencia y coordinación de sus acciones en la recepción y tramitación inicial de las denuncias», indicó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Además, permitirá reunir en un mismo espacio a operadores de justicia del Ministerio Público, el poder Judicial y la Secretaría de Seguridad para evitar «la revictimización y permitiendo a los usuarios realizar con mayor celeridad diversos procesos judiciales en un mismo lugar», añadió.
Las obras, cuya inversión asciende a 1,9 millones de euros (unos 2,1 millones de dólares), se ejecutaron a través del proyecto “Lucha Contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia” financiado por la Unión Europea e implementado a través de la AECID.
El centro representa «un modelo diferenciado de gestión, información e infraestructura en la prestación del servicio público» y su objetivo es «mejorar la disponibilidad, accesibilidad y respuesta oportuna a la demanda de justicia para la población», especialmente las personas «en condición de vulnerabilidad».
El proyecto beneficiará a los habitantes de los departamentos de Comayagua y La Paz, en la región central del país centroamericano.
El Centro Integrado de Justicia está enmarcado en el programa «Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (Eurojusticia), una iniciativa de la Unión Europea y el Estado de Honduras y cuenta con cerca de 10 millones de dólares.
Eurojusticia busca contribuir con los esfuerzos del país para combatir la impunidad, la corrupción y los crímenes violentos y, además, garantizar el acceso de la población hondureña a un sistema de «justicia eficiente, eficaz, transparente, confiable y promotor de la equidad social».
