Guatemala– Guatemala cumplió este jueves un mes bajo el toque de queda implementado debido al COVID-19, con 10 fallecidos por la enfermedad y a la espera del pico en los últimos días de abril y las primeras dos semanas de mayo.
Con 342 personas contagiadas en total, el país centroamericano sufre especialmente por «los ingresos de la población que han mermado», según aseveró este jueves el ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas Andrade.
La imposición del toque de queda, de cuatro de la tarde a cuatro de la mañana, llegó como una medida impuesta por el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, para reducir la expansión del coronavirus.
La normativa, sin embargo, fue flexibilizada desde el pasado lunes por Giammattei de seis de la tarde a cuatro de la mañana, una decisión que, según su razonamiento, permitiría evitar aglomeraciones en supermercados y entidades bancarias.
El toque de queda y el confinamiento general ordenado desde el 16 de marzo han reducido los desplazamientos, pero más del 70 % de la población económicamente activa -siete millones de personas- viven en la informalidad y deben salir en busca de ingresos.
Guatemala registró su primer caso positivo del COVID-19 el 13 de marzo pasado tres días después Giammattei decretó la suspensión de clases y del transporte público, además del cese de labores a nivel público y privado y cierre de fronteras.
Giammattei, sin embargo, se retractó un día después y permitió trabajar a cualquier empresa que lo deseara siempre y cuando cumpliera con medidas sanitarias, le notificara al ministerio de Economía y consiguiera transporte privado para sus empleados.
El gobernante guatemalteco aseguró este miércoles en su habitual cadena nocturna ante la población que «la cuarentena está funcionando».
Giammattei ha advertido en las últimas semanas que el pico de la enfermedad llegará a Guatemala a finales de abril y en lo primeros 15 días de mayo.
El Congreso de Guatemala aprobó una ampliación presupuestaria por 2.025 millones de dólares para la emergencia sanitaria, aunque un amplio porcentaje del mismo se destinará a funcionamiento del Estado en 2020.
El procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas Andrade, instó este jueves a Giammattei a sancionar lo más pronto posible una ley que evita la suspensión de servicios básicos -electricidad, agua, teléfono e internet- en caso de no poder pagarse la factura debido a la emergencia.
De lo contrario, la situación de los guatemaltecos se «agravaría», señaló el procurador en referencia a la sanción ley, con fecha límite del 4 de mayo para ser aprobada o no según las estipulaciones del país.
Guatemala cuenta con uno de los peores sistemas sanitarios del continente según estudios de organismos internacionales y habitualmente registra cifras de ocupación arriba del 90 por ciento en sus servicios de salud. EFE
