Gobierno hondureño dice que Gabriela Castellanos representa los intereses de un sector de EE. UU. para desestabilizar el país

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Tegucigalpa.- El gobierno alertó este viernes que la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, representa los intereses de un sector reaccionario de Estados Unidos con el fin de desestabilizar el país.

La Subsecretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Carmen Haydee López emitió un comunicado indicando que Gabriela Castellanos pretende erigirse como representante del pueblo para encubrir al sector que realmente representa.

Señaló que el CNA es una organización de naturaleza público-privada porque su creación fue a través de un decreto legislativo y es financiada en un 50 % por el Estado para ejercer funciones de prevención y combate a la corrupción.

Seguidamente, la funcionaria apuntó que la máxima autoridad del CNA es la asamblea general.

Quienes integran la asamblea general del CNA son: Arzobispado de Tegucigalpa, Confraternidad Evangélica de Honduras, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo de Rectores de las Universidades, Confederaciones de Trabajadores y asociaciones de campesinos.

Igualmente, son miembros de la asamblea general: Federación de Colegios Profesionales Universitarios, Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo, Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), la Asociación Nacional de Municipios de Honduras (Amhon), el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), la Asociación de Medios de Comunicación y dos miembros del Poder Ejecutivo.

Reveló que el CNA tiene financiamiento de 23 millones de lempiras procedente del Tesoro Nacional y fondos de la donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

La cifra que aporta USAID al CNA durante el presente año es de más de 20 millones de lempiras, según el comunicado de SGJD.

Acusó al CNA de ser cómplice que guardó silencio ante los atracos de cien contratos de energía, contratos de asociaciones público-privadas, el aeropuerto de Palmerola, la Empresa de Energía Honduras (EEH), las ZEDEs, Hospitales Móviles, caso Hermes y otros casos.