Tegucigalpa.- Al menos 1,200 empleados del servicio de emergencias 911 fueron cancelados en las últimas horas, como parte de las acciones de la comisión interventora nombrada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
En ese sentido, mediante un comunicado oficial se informó que se pagarán tres meses atrasados de salarios, asimismo se cancelará a todo el personal respetando sus derechos laborales y se ejecutará una recontratación de personal bajo el régimen de Servicio Civil.
Además, este mismo miércoles se comenzó la intervención de oficinas administrativas y de despacho, por parte de la comisión nombrada por el Ejecutivo e integrada por al abogado Roberto Reina, el ingeniero en Sistemas Gosset Moncada y el auditor Gerardo Antonio Hernández Ochoa.
Uno de los despedidos identificado únicamente como Jonny, dijo que la determinación de los interventores los toma por sorpresa porque quedar desempleado en estos momentos no es cosa fácil.
Agregó que se está despidiendo a personal calificado con mucho conocimiento sobre el sistema que daba soporte a las cámaras de vigilancia del 911.
De igual forma, deseó que existan los suficientes recursos para pagarle el pasivo laboral a los más del millar de empleados despedidos este jueves.
Asimismo, mencionó que también existe tres meses en mora de salarios para los ahora despedidos.
“Entendemos que todo gobierno nuevo quiere emplear a sus bases, lamentablemente metieron al 911 entre sus compromisos políticos cuando no tuvo que haber sido así. Se nos dijo que algunos serían recontratados, pero hasta no ver no creer”, expuso.
Lamentó la masacre laboral que este día se ha producido en el servicio 911.
“Como empleados estamos unidos a nivel nacional, mando un mensaje a todos para que seamos conscientes sobre lo que está pasando”, exclamó.
Concluyó afirmando que “la interventora aparentemente venía a solventar el servicio de la video vigilancia, no pensamos nunca que sería de esta manera en la que han actuado hoy, pensamos que restablecerían el sistema de cámaras a nivel nacional, pero jugaron a otra cosa”.
El Sistema Nacional de Emergencias es la cuarta institución estatal que es intervenida por el gobierno.
En la actualidad se mantienen intervenidos el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (lnprema), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y la Dirección de Servicio Civil.
En un término de 90 días se deberá presentar un informe preliminar y los interventores quedarán facultados para realizar contrataciones directas de bienes, servicios, suministros, sistema de video vigilancia, sistema de llamadas, arrendamiento de bienes, contratación de servicios de consultorías o auditorías con empresas nacionales o internacionales.
En los últimos 12 años, los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández determinaron pagar alrededor de 7,162 millones de lempiras en un sistema de vigilancia, a través de 3,265 cámaras, que ahora están fuera de servicio.
El gobierno actual se resiste a cumplir con el contrato de la empresa encargada de sostener el sistema de cámaras de vigilancia, por lo que se mantiene inoperativo.
