Tegucigalpa.- El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, explicó como fue que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH) grabó desde una oficina de este poder del Estado un vídeo previo a la confirmación de su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Argueta Pérez dijo que para evitar cualquier tipo de involucramiento y estar al margen de esa situación no se hizo presente a su oficina el día de la audiencia del exjefe del Estado de Honduras.
“Lo que me informaron fue que el expresidente tuvo su audiencia en el salón de prensa donde aledaño está el salón del pleno, no mi oficina. Llegó la familia a visitarle, se le alojó en el salón del pleno y entiendo estuvieron allí su esposa, hijos y abogados”, expresó.
Seguidamente narró que en uno de los recesos se le facilitó el salón para que se diera unos abrazos y conversara con su familia de manera privada.
Fue ahí cuando tomaron la decisión de grabar el vídeo, “yo fui el primer sorprendido cuando vi al día siguiente en los medios de comunicación el vídeo que se grabó, no de mi oficina, sino de una silla del salón del pleno”, afirmó.
«Era un hecho ya consumado en el cual ningún miembro del Poder Judicial tuvo ninguna participación a efecto de poder facilitar o tener conocimiento del propósito de la grabación del vídeo», aclaró.
Por otro lado, se refirió a la iniciativa presentada por el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, orientada a darle independencia a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
Esto con el fin de ejercer la acción penal pública de oficio en casos de corrupción de alto impacto, sin previa autorización del fiscal general y del Ministerio Público (MP).
Al respecto, declaró que es evidente que a partir de la gestión del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla el combate, la investigación e identificación de las personas que incurren en delitos ha tenido un cambio significativo de manera positiva en cuanto al ataque, encarcelamiento de distintas personas y condenas que se tienen por acreditárseles la participación en los delitos.
