La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), junto con organizaciones de pacientes, presentó este jueves una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para solicitar una investigación sobre las afectaciones provocadas por la suspensión de servicios médicos en hospitales públicos del país.
Blanca Munguía, directora de Salud de la ASJ, informó que la denuncia busca esclarecer las irregularidades relacionadas con los contratos de los profesionales de la salud, los pagos pendientes al personal médico y la correspondencia entre los salarios recibidos y los servicios efectivamente prestados. <Cite refs={[«turn666165view0»]}/>
La representante de la organización señaló que la situación sanitaria continúa siendo crítica, debido a que la atención médica se ha visto limitada principalmente a las salas de emergencia, mientras miles de pacientes enfrentan dificultades para acceder a consultas y procedimientos.
Solicitan auditoría y deducción de responsabilidades
La ASJ pidió al TSC realizar una auditoría especial, recopilar documentación y verificar las circunstancias en las que se ha desarrollado la interrupción de los servicios. Asimismo, solicitó que se determinen las posibles responsabilidades civiles, administrativas o penales, según los resultados de la investigación y lo establecido en la ley. <Cite refs={[«turn666165view0″,»turn666165search2»]}/>
Munguía indicó que, de acuerdo con los registros documentados hasta el momento, se han perdido más de 27,000 consultas médicas, aunque advirtió que la cifra podría ser mayor y pidió a los responsables de los centros asistenciales presentar información detallada sobre las atenciones suspendidas.
La organización también incorporó testimonios de pacientes que han reportado afectaciones debido a la falta de atención oportuna.
La denuncia se presenta en medio del conflicto entre las autoridades sanitarias y el gremio médico, cuyas asambleas informativas han mantenido restricciones en los servicios de consulta externa durante más de seis semanas.
La ASJ instó al Tribunal Superior de Cuentas a desarrollar las investigaciones correspondientes y emitir un informe que permita establecer si existen responsabilidades y qué acciones legales proceden ante las afectaciones denunciadas.
