Tegucigalpa.- La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori generó este martes el rechazo de los familiares de las víctimas de las matanzas por las cuales fue condenado a 25 años de prisión, organismos defensores de los derechos humanos y legisladoras de izquierda.
«Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente», expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los diez estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992.
La representante de los deudos de este sonado caso agregó, en su cuenta de X (antes Twitter), que «el indulto de 2017 fue negociado» y calificó el fallo del TC como una «inaceptable decisión» y lo acompañó de la etiqueta «#FujimoriCulpable».
La desaparición de los estudiantes y un profesor de La Cantuta y la matanza de 15 personas en Barrios Altos en 1991, son los dos casos de abusos a los derechos humanos por los cuales Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.
La organización feminista Manuela Ramos expresó, en la misma red social, su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori, «una persona que jamás ha pedido perdón por los crímenes contra la humanidad, ni ha reparado a las víctimas».
«Toda nuestra solidaridad para ellas. #FujimoriNuncaMás», agregó la entidad civil.
Por su parte, la asesora principal de WOLA (Washington Office on Latin America), Jo Marie Burt, recordó que desde esta organización han expresado «claramente nuestra oposición a la liberación de Alberto Fujimori sin que haya cumplido las condiciones elaboradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)».
«De liberarlo, el Estado del Peru incumpliría con sus obligaciones internacionales de manera flagrante», remarcó.
A su turno, la legisladora izquierdista Ruth Luque indicó, en X, que los magistrados del TC que firmaron la liberación de Fujimori (Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez) fueron designados en esos cargos por la mayoría fujimorista en el Congreso y que ahora «les devuelven el favor ordenando la libertad de Alberto Fujimori».
«Han decidido desacatar abiertamente las resoluciones emitidas por la CorteIDH e ignorar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Está es una decisión ilegal que consolida el pacto de impunidad», expresó Luque.
En tanto, la congresista Sigrid Bazán declaró que el fallo del TC «viola la resolución de la Corte IDH e insulta la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista».
El «INPE (Instituto Nacional Penitenciario) NO debe acatar esta orden», subrayó.
Sin embargo, la parlamentaria de la alianza fujirmorista Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, afirmó que «la humanidad no tiene apellido», en un mensaje compartido en la red social X.
«Libertad para el presidente Fujimori y que la historia se encargue de regalarle el lugar que se merece. Bendiciones a él y a las autoridades que ejercen con objetividad», apuntó Barbarán.
«Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori», reza un auto del TC.
La resolución, que fue firmada por 3 de los actuales 6 miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró «fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso».
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC. EFE
