Tegucigalpa – Ana María Calderón, exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH), ha expresado su escepticismo sobre la viabilidad de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Según Calderón, en el país no existen las condiciones necesarias para la implementación de este organismo anticorrupción negociado entre el gobierno hondureño y las Naciones Unidas.
Calderón recordó que en marzo de 2015 comenzaron las marchas de las antorchas y en enero de 2016 se firmó el acuerdo para la llegada de la MACCIH, que comenzó a operar en abril de ese año. Sin embargo, actualmente, con un año electoral en el horizonte, cree que las prioridades están desviadas hacia otros temas.
«Siempre he expresado que la instalación de una misión anticorrupción requiere de muchos diálogos políticos y especialmente de la coincidencia de voluntades expresadas en voluntad política que garantice la operación de la comisión», afirmó Calderón en una entrevista con la radio HRN.
A pesar de los esfuerzos de la ONU, que ha designado un equipo de expertos para dialogar con el gobierno hondureño y ha especificado las condiciones mínimas necesarias para la instalación de la CICIH, Calderón observa una falta de reciprocidad por parte del Legislativo y el Ejecutivo del país.
Aunque se han aprobado y reformado algunas leyes que previamente obstaculizaban la instalación de la CICIH, Calderón señala que aún existen normas pendientes por derogar que perpetúan la impunidad. Destacó la importancia de un marco jurídico adecuado que permita a la CICIH operar efectivamente contra la corrupción.
«La ONU pretende un marco jurídico que le permita realizar un trabajo contra los corruptos. Todavía persiste un ambiente de impunidad y es de preocupación porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año pasado hizo una visita in loco y concluyó que los altos índices de corrupción y la impunidad generalizada son problemas estructurales que han deteriorado la confianza de la población en sus instituciones», reforzó Calderón.
Además, un informe del alto comisionado de Derechos Humanos indica que el sistema de administración de justicia en Honduras sigue caracterizado por altos niveles de impunidad, problemas en el acceso a la justicia, debilitamiento de la independencia judicial, demoras procesales y una participación limitada de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
Asimismo, Transparencia Internacional situó a Honduras entre los cuatro países de América con los más altos niveles de percepción de corrupción.
Bajo estas premisas, Calderón considera que existe un ambiente negativo para que un mecanismo como la CICIH pueda instaurarse y convertirse en un elemento eficaz en la lucha contra la corrupción. Lamentó la falta de fortalecimiento del circuito anticorrupción dejado por la MACCIH y la casi desmantelación de la UFERCO.
«Creo que el panorama no es el propicio para la instalación de la CICIH», concluyó Calderón.
No obstante, Calderón no descarta completamente la llegada de la CICIH a Honduras. «Quedan dos años y aún la ONU no ha dado su última palabra. Ojalá que en los meses de este año la ONU emita un pronunciamiento final».
Por último, rechazó las declaraciones del canciller Enrique Reina, quien afirmó que la MACCIH fue un ente asesor del régimen que gobernó a Honduras. Calderón enfatizó que estos mecanismos son para fortalecer las instituciones y no para reemplazarlas.
«La MACCIH no fue asesor, fue un organismo de acompañamiento y fortalecimiento institucional. El convenio no se renovó precisamente porque iba desentrañando los niveles de corrupción», concluyó.
