Tegucigalpa.- El abogado constitucionalista Raúl Pineda, consideró que hasta dos años puede retrasarse la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Lo anterior, si los diputados del Congreso Nacional (CN) aprueban la reforma constitucional propuesta por el oficialismo de Libertad y Refundación (Libre).
Dicha reforma está incluida en el acuerdo firmado de manera tripartita por los partidos Liberal, Nacional y Libre previo a la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde acordaron aprobar el proyecto presentado por la diputada Xiomara Zelaya a fin de otorgar rango constitucional a la CICIH.
“Yo creo que esto sería un gravísimo error, no es necesario y no es conveniente hacer una reforma constitucional porque atrasaría prácticamente dos años más la puesta en vigencia de una comisión que se quiere empiece a trabajar desde este año”, explicó Pineda sobre la intención de reforma al artículo 232.
La congresista Xiomara Zelaya Castro propuso reformar dicho artículo de la Constitución de la República para que la CICIH pueda ejercer la investigación, para combatir frontalmente la corrupción y la impunidad.
Explicó que la reforma facultará a la CICIH para el ejercicio de las acciones investigativas de forma independiente con énfasis en inteligencia y análisis financiero.
Zelaya Castro agregó que el convenio internacional y las leyes secundarias regularán la forma y los procedimientos.
Lo que dice actualmente el artículo 232 de la Constitución de la República:
El Ministerio Público es el organismo profesional especializado, responsable de la presentación, defensa y protección de la defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los Poderes del Estado y libre de toda injerencia político sectaria.
El Ministerio Público goza de autonomía administrativa, técnica, financiera y presupuestaria, al efecto en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, tendrá una asignación anual de manera gradual hasta completar el tres por ciento (3.0%) de los ingresos corrientes.
El Poder Ejecutivo acreditará trimestralmente anticipado, las partidas presupuestarias correspondientes. Corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública.
En los asuntos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General de la República y a las acciones que correspondan en su caso los particulares.
Así mismo tiene el Ministerio público la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense.
