Estudio concluye que la reelección presidencial debilitó el estado de derecho en Honduras

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Tegucigalpa.-Un estudio presentado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD Honduras) en el que se enmarca el periodo político que comprende los años del 2017 al 2021, como uno de los más conflictivos en materia política en los últimos años, agravado por la crisis política provocada por el golpe de estado perpetrado en el año 2009; revela que la reelección presidencial debilitó el estado de derecho en Honduras.

El texto toma en cuenta los principales hallazgos y trata de identificar las tendencias relevantes en el cierre o apertura del espacio cívico que continúan vigentes, y como estas han evolucionado durante la pandemia.

Utiliza el enfoque de derechos humanos, por lo que resalta los derechos y obligaciones, así como, determina el rol de los distintos actores en la expansión o restricción del espacio cívico y la desviación o uso excesivo del poder en función del ejercicio de los derechos humanos.

“A partir de los fallos judiciales de 2015 se habilitó la reelección presidencial, lo que erosionó aún más el Estado democrático de derecho, ocasionó un aumento de la tensión política en el país, agudizando la polarización preelectoral y provocando una crisis postelectoral con graves violaciones de derechos humanos”, es una de las principales conclusiones del estudio.

El estudio identifica cambios en la gobernanza electoral, expansiones y/o reducciones del espacio democrático en línea o virtual en el país, así como las dificultades cívicas a lo largo del periodo y limitaciones de gran alcance, que afectan directamente la participación y la toma de decisiones.

El estudio incluye una visión temática alrededor de: Espacio democrático, reelección, crisis electoral y diálogo político; Espacio cívico y ejercicio de derechos civiles, la situación de la libertad de expresión y el derecho a la protesta; Estado de derecho, separación de poderes e independencia judicial; Avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción e impunidad; Sistema político y reformas electorales y Espacio cívico y la Covid-19.