Tegucigalpa.- El pasado 9 de febrero, el Juzgado de Privación de Dominio admitió la solicitud de privación definitiva de dominio contra siete cuentas bancarias del exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz (2018-2022), promovida por el Ministerio Público, con el objetivo de dar inicio al juicio.
El Juzgado de Privación de Dominio ordenó la publicación de edictos (aviso ordenado por un juez) el 11 de marzo para notificar al exfuncionario, de quien se desconoce su domicilio y que reside en Nicaragua desde febrero de 2022. Con esto, se asegura que Díaz esté al tanto del proceso relacionado con el aseguramiento de alrededor de 7 millones de lempiras comenzado hace dos años y se inicie la etapa final del proceso correspondiente.
Al respecto, los apoderados legales de Díaz tienen cinco días a partir de la notificación para presentarse al Juzgado de Privación, de no hacerlo se le asignará un defensor público para comprobar el origen lícito del dinero mencionado, de lo contrario pasará a las arcas del Estado.
En este contexto, el exsecretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Edmundo Orellana, afirmó que la investigación sobre el enriquecimiento ilícito es competencia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). En caso de haber negligencia por parte de esta entidad, deben iniciarse acciones legales contra sus autoridades.
«Investigar el enriquecimiento ilícito es competencia del TSC. Si en este caso fue negligente, sus titulares deben responder por ello y competir al MP proceder criminalmente. Apremia sentar precedentes para que la negligencia de este organismo no siga engendrando corrupción», publicó Orellana en su cuenta de X.
Los anteriores titulares del TSC, durante el periodo 2017-2024, fueron Juan Pineda Varela, Ricardo Rodríguez y Roy Pineda Castro, siendo este último ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, el proceso legal contra Ebal Díaz, quien fue Secretario de la Presidencia durante el segundo mandato del exmandatario Juan Orlando Hernández (2018-2022), se encuentra en la etapa judicial, la segunda después de la fase administrativa. La actual fase se inicia con la solicitud de privación definitiva del dominio presentada por la Fiscalía y concluye con la ejecución de la sentencia definitiva dictada por el tribunal competente.
Desde el 16 de febrero de 2022, Ebal Díaz, quien adquirió una posición de confianza en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha estado viviendo en Nicaragua. En ese país, el gobierno del presidente Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense tanto a él como a su familia en 2020.
