Tegucigalpa.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reiteró hoy su llamado a las autoridades hondureñas para que investiguen a profundidad y aclarar quiénes fueron los responsables del hecho sangriento en el que perdieron la vida 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), caso que por más de seis meses se mantiene en la impunidad.
El director del despacho del CONADEH, Ricardo López recordó que le han solicitado a la Secretaría de Seguridad un informe sobre el avance de la investigación que se está realizando.
Además, recordó lo expresado por el abogado Roberto Blen, Fiscal del Ministerio Público, que se refirió a la complejidad de la identificación de los responsables.
Sin embargo, desde el CONADEH creemos que el Estado tiene la responsabilidad de aclarar, de investigar a profundidad quiénes fueron las personas que cometieron ese ilícito y sancionarlas como la Ley lo manda, expresó López.
Lo importante es que este tipo de hechos no sigan enlutando a la población hondureña y sean un ejemplo para que no vuelva a suceder una situación como ésta, que les quitó la vida a 46 personas y que afectó a otros familiares, hijos, hermanas y madres, acotó
Potenciales ejecuciones extrajudiciales
En noviembre del 2023, el CONADEH expresó su preocupación por la información revelada por la Sub-Secretaria de Seguridad sobre la muerte violenta de 46 mujeres en PNFAS, el 20 de junio pasado.
De acuerdo con la versión de la Sub-Secretaria de Seguridad, de los casquillos de 9x19mm percutidos, muchos de ellos tendrían grabado “IMI-PN” cuyo significado sería “Industria Militar Israelí” asignados a la Policía Nacional de Honduras.
Dicha autoridad señaló que, 15 balas de 9mm recuperadas se relacionan técnicamente con las balas patrón de las armas decomisadas en la escena del crimen casquillo 9mm de pistola tipo subametralladora (IMI-17PN) que coincide con la munición asignada a los agentes policiales.
Para el CONADEH, las aseveraciones de la Sub-Secretaria de Seguridad podrían interpretarse jurídicamente como una aceptación tácita del Estado de Honduras respecto a la participación de agentes del orden en la comisión de hechos internacionalmente ilícitos derivados de graves violaciones a derechos humanos, particularmente de potenciales ejecuciones extrajudiciales de ciudadanas mujeres bajo su custodia.
Por su parte, el Fiscal Especial de Delitos contra la Vida, Roberto Blen admitió que la muerte de 46 mujeres en el PNFAS fue una tragedia nacional por la cantidad de víctimas.
Reveló que la munición que allí se encontró es de uso exclusivo de la Policía Nacional hondureña, hecho que está plasmado en el dictamen.
Aunque aclaró que, era inadecuado decir que todas las armas de policías fueron las que causaron la muerte de las privadas de libertad.
Cuestionó la irresponsabilidad de las autoridades de ese centro penal al permitir el ingreso de las armas y municiones que fueron utilizadas, situación que puso en evidencia la fragilidad no solo de los centros penales, sino del personal asignado.
Señaló que tenían un sistema de cámaras de video pero que no había personal asignado para estar monitoreando, con lo cual se evitó que se detectaran movimientos sospechosos.
Agregó que se estaba ante un caso de pluralidad de víctimas y pluralidad de victimarios y que las cámaras estaban a la altura de una persona “chaparrita” y que incluso las podían derribar.
Indicó que, la irresponsabilidad de las autoridades del centro o de la propia Secretaría de Seguridad le corresponde a la Fiscal Especial de Derechos Humanos, ellos tienen un mandato especifico.
La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tenía previsto presentar el proceso criminal a finales del 2023, sin embargo, Blen adelantó que en el momento que tengan todo listo el caso será presentado ante los tribunales de la República.
Explicó que hay quienes trabajaron como autores, cómplices y como coautores y a cada uno hay que darle justicia en cuanto a su responsabilidad.
