Tegucigalpa. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este jueves una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el ministro de Educación, Daniel Sponda, y otros funcionarios de la Secretaría de Educación por presuntas irregularidades en la adquisición de pupitres. Según la investigación, estas acciones habrían generado un despilfarro de más de ocho millones de lempiras en recursos públicos.
En su informe titulado «Derroche injustificado en la compra de pupitres», el CNA reveló hallazgos que incluyen actas de entrega sin sello ni firma, duplicidad de documentos oficiales con el mismo número de registro y la entrega de mobiliario por parte de un diputado, lo que sugiere un uso indebido de fondos públicos con fines proselitistas.
El CNA interpuso denuncias contra:
- Daniel Sponda, ministro de Educación, por administración desleal del patrimonio.
- Kilver Eveny Carranza Maradiaga, Alvar Alejandro Santos García, y Melvin David Núñez Baca, miembros de la comisión evaluadora de la Secretaría de Educación, por violación de los deberes de los funcionarios.
Denuncias de corrupción
Gabriela Castellanos, directora del CNA, destacó que los hallazgos evidencian una falta de respeto por los recursos públicos y una intención de despilfarro deliberado. “Pudiendo ahorrar millones, prefirieron despilfarrarlos. Aquí no hay errores, hay intenciones claras”, declaró.
Entre las irregularidades denunciadas destacan:
- La adjudicación de mobiliario con precios significativamente más altos que ofertas equivalentes de calidad similar.
- Modificaciones en los procesos de licitación para favorecer un esquema de contratación especial, eliminando departamentos beneficiarios como Colón de las listas de distribución.
- La inclusión de un diputado de Libre, Mauricio Rivera, en las actas de entrega como responsable de la donación, utilizando recursos de la Secretaría de Educación para fines políticos.
Presupuesto inflado y falta de transparencia
Luis Urbina, investigador del CNA, señaló que el presupuesto inicial de 15 millones de lempiras creció desproporcionadamente a 41 millones tras múltiples modificaciones, resultando en la erogación de más de 38 millones de lempiras. Según el informe, al menos ocho millones pudieron haberse ahorrado de haberse gestionado correctamente la licitación.
Además, se detectaron inconsistencias en la evaluación de la licitación, lo que permitió que las adquisiciones fueran aprobadas bajo condiciones irregulares.
Un llamado a la acción
Castellanos instó al ministro de Educación a asumir responsabilidad y honrar su cargo trabajando en favor de la educación nacional: “Si no logra ubicarse en la geografía nacional, ubíquese y asuma con responsabilidad su labor para mejorar la educación del país”.
El CNA concluyó que este caso representa un ejemplo más de cómo los recursos destinados a mejorar la infraestructura educativa se utilizan de manera arbitraria, afectando tanto a los estudiantes como a los maestros, y llamó a una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables.
