Tegucigalpa.- El Gobierno de Estados Unidos ya ha tomado una decisión sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños, pero el anuncio oficial podría demorarse hasta seis meses, informó este miércoles el vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García.
“Por ley están obligados a tomar una decisión 60 días antes de que expire la última prórroga, y ya lo hicieron, me cuentan especialistas. Sin embargo, el anuncio podría darse hoy o dentro de seis meses”, declaró el funcionario en declaraciones a medios de comunicación.
La actual prórroga del TPS vence el próximo 5 de julio. Según la normativa estadounidense, si no hay un pronunciamiento oficial antes de esa fecha, se activaría automáticamente una extensión del beneficio migratorio por seis meses adicionales a partir del 6 de julio.
García aclaró que hasta ahora no existe una negativa por parte de Washington respecto a la continuidad del programa, aunque evitó confirmar si se aplicará una extensión automática. “El camino del TPS sigue, y no ha habido una negativa”, reiteró.
El diplomático también llamó a no politizar el tema, especialmente de cara a las elecciones generales que se celebrarán en Honduras en noviembre. Advirtió que la decisión final podría depender de los resultados de dichos comicios, aunque enfatizó que se trata de una cuestión humanitaria que beneficia a más de 50 mil hondureños en Estados Unidos.
“No se puede politizar un tema como este. La oposición no debería alegrarse si se cancela el beneficio. Esto es un asunto de vidas humanas”, afirmó García.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 por el gobierno estadounidense para brindar protección temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. En el caso de Honduras, fue otorgado por primera vez en 1999 tras la devastación provocada por el huracán Mitch en 1998.
Actualmente, miles de hondureños siguen amparados bajo este estatus, el cual les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras persistan las condiciones que impiden su retorno seguro al país.
