Tegucigalpa.- Rafael Sarmiento, jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), confirmó que este martes será sometida a un tercer y último debate la polémica Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones, donde esperan su aprobación.
Esta normativa, como muchas otras, ha generado controversia entre los partidos políticos y grupos sociales, que consideran como un abuso, dado que, “violenta” la intimidad de los ciudadanos.
Por su parte, Sarmiento manifestó que dichos señalamientos corresponden al juego político de la oposición y negó que se quiera imponer la denominada “Ley de escuchas”, e incluso dijo que están abiertos a cualquier recomendación en cuanto a la modificación de algunos artículos.
Explicó que la base de datos deberá estar en el Registro Nacional de las Personas (RNP), y los operadores deberán brindar sus bases de datos.
Durante la semana pasada, otros diputados de Libre, negaron que la normativa tuviese como intención intervenir las llamadas de las personas, y aclararon que solamente se quiere interceptar a las estructuras criminales.
De igual forma el presidente del Legislativo, Luis Redondo, descartó que el proyecto se trate de escuchas telefónicas.
Como era de esperarse, la bancada del Partido Nacional, se opuso a la iniciativa, porque “contiene vicios de inconstitucionalidad de fondo que, de aprobarse en el Congreso Nacional, violentaría derechos fundamentales del ciudadano”.
En ese sentido, el diputado nacionalista, Jorge Zelaya, dijo que apoyarán lo que sea para beneficio, “pero uno se pregunta cuál es el propósito, porque, así como está redactado el proyecto hay intervención”, y agregó que Honduras no está para que haya autoritarismo y se anden interviniendo las comunicaciones.
La normativa de Ley Integral para la Seguridad en las Telecomunicaciones consiste en el registro de llamadas telefónicas, registros de videollamadas, registros de mensajes de voz, mensajes de texto, registros de ocupación de direcciones IPs y otros tipos de registros de telecomunicación que a futuro se implementen.
Los expertos en el tema opinan que la ley necesitaría cambios en la redacción para especificar que las intervenciones deben ser solo y estrictamente bajo orden judicial.
