Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, reconoció que el manejo institucional del caso de estafa financiera vinculado a la empresa Koriun fue deficiente y lleno de omisiones. El congresista hizo estas declaraciones durante su participación en el programa televisivo 30/30, donde señaló errores tanto del gobierno actual como del anterior.
“Fue un caso muy mal manejado. Pudieron presentarle requerimiento fiscal preventivamente por lavado de activos, y ese delito habría permitido asegurar el dinero involucrado”, declaró Barrios. Indicó que, de haberse actuado de manera preventiva, un juez podría haber ordenado la intervención de la empresa con cargo a caja.
Barrios criticó la falta de actuación oportuna de las instituciones del Estado, cuestionando cómo una empresa irregular como Koriun logró operar durante años como comerciante individual y captar millones de lempiras sin intervención del Estado. “La alerta financiera funciona para cualquier ciudadano, pero ahí no funcionó absolutamente nunca”, dijo.
El diputado explicó que, aunque la empresa comenzó en 2017 prestando dinero en mercados, luego creció hasta captar importantes sumas del público, lo que pudo haber constituido delitos como lavado de activos, sin que el Ministerio Público iniciara investigaciones a tiempo.
En cuanto al papel de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Barrios defendió que esta entidad no podía intervenir directamente, ya que Koriun operaba fuera del marco regulado. Sin embargo, criticó que cuando la CNBS recibió las primeras alertas en diciembre de 2024, se limitó a remitir el caso a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), un ente que, en su criterio, no era el adecuado para asumir el caso.
“El gobierno se desentiende cuando transfiere la responsabilidad a una institución no competente. Por eso se dan errores como la devolución de dinero cuando ya se tenía en posesión del Estado”, señaló.
Finalmente, Barrios informó que el Congreso Nacional aún no ha recibido ninguna propuesta del Poder Ejecutivo para resarcir a los afectados, pero advirtió que debe actuarse con precaución: “Hay que tener mucho cuidado en considerar el dinero público para resarcir una transacción totalmente privada”, concluyó.
