Tegucigalpa.- El diputado Ramón Barrios, del partido Libertad y Refundación (Libre), ha desatado polémica al exigir que la indemnización de más de L.200 millones destinada a los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional depuestos en diciembre de 2012 sea sufragada por los 97 diputados que aprobaron su destitución.
Esta declaración se produce tras la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que responsabilizó al Estado de Honduras por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Barrios argumentó que estos fondos podrían ser utilizados para la construcción de infraestructuras cruciales como hospitales, y criticó que el pueblo hondureño deba asumir esta millonaria indemnización a través de impuestos, cuando fueron funcionarios responsables los que tomaron la decisión de destituir ilegalmente a los magistrados.
En su propuesta, el diputado sugirió que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza la acción de repetición sobre los funcionarios que tomaron la decisión de destituir a los magistrados en 2012, a fin de que sean ellos quienes asuman la responsabilidad económica de acuerdo con lo establecido por la Corte IDH.
Esta iniciativa ha avivado el debate político en Honduras, especialmente en torno a la responsabilidad y rendición de cuentas de los funcionarios públicos ante acciones que han sido declaradas ilegales por instancias internacionales de derechos humanos.
