Tegucigalpa.- La población ha financiado los impuestos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) desde 1998, manifestó este miércoles el titular de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Calix.
Amplió que los impuestos que financia la población es por cada entrada o salida de un contenedor de mercancías al país a través de un sello de seguridad, conocido como marchamo o precinto aduanero.
Calix detalló que este sello de seguridad tiene un valor de 700 lempiras, de los cuales, 200 van para el Cohep.
Adicionalmente, reveló que el Cohep también cobra por cuatro formularios más: la primera se llama “9A-1” que se utiliza para la entrada y salida temporal de vehículos que tiene un costo de 135 lempiras, de los cuales 35 lempiras van para el Cohep.
La segunda es “22ª” que se utiliza para el permiso de salida de embarcaciones, más conocido como cabotaje aduanero, tiene un costo de 35 lempiras, de los cuales 10 van para la iniciativa privada.
El tercero se llama “6ª” que se utiliza como permiso de salida, cuesta 35 lempiras, de los cuales 10 van para el Cohep.
Finalmente, están las Declaraciones Únicas Centroamericanas Aduaneras (DUCA), utilizadas para declarar todo tipo de mercancía que se importa o se exporta, cuesta 170 lempiras, de los cuales 35 lempiras van al Cohep.
Al final, todos estos costos se trasladan al pueblo hondureño, condenó el funcionario.
La administración de estos formularios se le adjudicaron a la empresa privada desde 1998 se ha venido reformando desde cuatro decretos ejecutivos: 2003, 2010, 2014 y 2018.
Calix denunció que en 2018, se publicó en el diario oficial La Gaceta la ley que otorga este privilegio de forma indefina.
La Ley de Justicia Tributaria establece que este servicio otorgado ilegalmente al Cohep debe manejarlo la Administración Aduanera de Honduras mediante licitaciones públicos, señaló.
Desde el 2014 al 2022, han sido 443 millones de lempiras que el Estado le ha entregado al Cohep, con este monto se habría podido dotar de tres millones de raciones de meriendas escolares a las escuelas de nuestro país y se hubiesen podido reconstruir 120 centros educativos, concluyó.
