Tegucigalpa.- La Corte Constitucional de Ecuador validó este viernes diez de las veinte preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa para ser incluidas en el plebiscito que el Gobierno impulsa y así buscar reformas en materia de seguridad, justicia, inversión y trabajo.
En cambio, seis fueron rechazadas por la Corte Constitucional, algunas por plantear un incremento de poder del presidente, mientras que otras cuatro preguntas deberán pasar un análisis adicional por parte del tribunal, ya que implican modificaciones en la Constitución.
Entre las preguntas admitidas por el máximo tribunal de garantías para que formen parte de esta consulta popular está la que sugiere que las Fuerzas Armadas controlen el ingreso de armas y explosivos en torno a las cárceles.
También aprobó la cuestión que plantea elevar las penas por los delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato (asesinato por encargo), trata de personas, secuestro extorsivo, lavado de activos y minería ilegal.
También la cuestión referente a no permitir beneficios penitenciarios a las personas condenadas por los delitos de financiación para el terrorismo, producción de drogas, minería ilegal, secuestro extorsivo, tráfico ilegal de armas y explosivos, reclutamiento de menores para fines delictivos, extorsión, tráfico de influencias y testaferrato, entre otros.
Otras preguntas que pasaron el filtro de la Corte Constitucional plantean tipificar como delito la tenencia de armas y municiones que son de uso exclusivo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas y destinar de manera inmediata a policías y militares todo armamento decomisado por haber sido objeto material de un delito.
Asimismo, fue validada la pregunta que propone expropiar bienes de origen ilícito o injustificado mediante la simplificación del procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Ni indultos ni tribunales policiales y militares
En cambio, la Corte Constitucional rechazó que formen parte de esta consulta popular seis preguntas, entre ellas la que plantea la creación de zonas de interés nacional en la que se revoquen concesiones mineras para evitar la infiltración de la minería ilegal.
Tampoco validó la pregunta que propone reformar el código penal para que el presidente indulte a policías, militares y agentes de prisiones que sean imputados por delitos relacionados con el uso de la fuerza contra sospechosos de delito.
Junto a esa tampoco pasó el filtro el planteamiento para que policías y militares sean juzgados por tribunales policiales y militares en casos de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco que estos integrantes de las fuerzas de seguridad no sean ingresados en prisión preventiva mientras son procesados.
La misma opinión negativa resultó de la pregunta para evaluar a los jueces, con una auditoría a sus declaraciones patrimoniales y de la posibilidad de que el presidente pueda calificar proyectos de ley urgentes más allá de aquellos en materia económica.
Extradiciones pasarán segunda evaluación
Entre las cuatro preguntas que serán parte de una segunda evaluación por parte de la Corte Constitucional está la referente a permitir la extradición de ecuatorianos, reconocer el arbitraje internacional para promover la inversión extranjera, regular los contratos temporales y por horas y establecer judicaturas especializadas en materia constitucional.
Inicialmente el Gobierno había presentado un total de 21 preguntas, pero retiró antes del análisis de la Corte la que buscaba permitir nuevamente el funcionamiento de casinos.
La consulta popular fue anunciada por Noboa tras ganar las elecciones presidenciales el año pasado, con la intención de celebrarla en los primeros meses de su mandato, que inició en noviembre de 2023.
La mayoría de las preguntas están planteadas en el contexto del «conflicto armado interno» que Noboa ha declarado contra el crimen organizado tras una oleada de atentados y actos violentos atribuidos a estas bandas, a las que el Gobierno ha pasado a considerar grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Las autoridades consideran a estas bandas, principalmente dedicadas al narcotráfico, las causantes del incremento exponencial de homicidios que ha tenido Ecuador en los últimos años hasta convertirse en uno de los países más violentos del mundo, 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en 2023. EFE
