Tegucigalpa.- El Parlamento de Honduras aprobó una ley para proteger a los desplazados por la violencia en el país, donde 247,000 personas han tenido que abandonar su hogar, lo que para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) supone «un gran paso» para buscar soluciones duraderas frente al fenómeno.
La Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia fue aprobada en la noche del miércoles en el tercer debate, indicó este jueves el Parlamento hondureño.
El poder Legislativo no precisó cuántos de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional votaron a favor de la iniciativa enviada desde 2019 por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras.
El CICR indicó hoy que acoge «con satisfacción» la aprobación por el Congreso Nacional de una legislación que establece una base para atender de forma estructural las consecuencias humanitarias que enfrentan más de 247 000 personas desplazadas internamente por la violencia, y para prevenir nuevos desplazamientos.
“La aprobación de este marco jurídico de protección integral es un gran paso en el camino hacia la búsqueda de soluciones duraderas y en la reconstrucción de las vidas de los miles de personas afectadas por este flagelo”, dijo el jefe de Misión del CICR, Karim Khallaayoun.
Con la nueva ley, Honduras ha dado «un importante avance en el abordaje de la problemática del desplazamiento», señaló el CICR.
El organismo de la Cruz Roja espera que la ley permita a Honduras «responder a los retos en la asistencia y fortalecer las competencias y la complementariedad entre los sistemas de protección estatales y la respuesta de organismos humanitarios, estableciendo mecanismos de coordinación, registro y atención articulados garantizando así una respuesta integral y oportuna».
«El compromiso del poder Legislativo para construir un marco jurídico que atienda las necesidades de las víctimas de desplazamiento por violencia sienta la base para que estas personas puedan acceder a mecanismos que les permitan reconstruir sus vidas», señaló Khallaayoun.
La nueva normativa, añadió, está armonizada con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Naciones Unidas y responde a las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos y humanitarios, como la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) y el CICR, realizaron al Estado de Honduras en los últimos años.
El CICR implementa desde 2017un programa para asistir a personas y familias desplazadas, a las que les brinda «una respuesta de corto plazo a sus necesidades de protección y asistencia a través de oportunidades que les permitan alejarse del riesgo y obtener autosuficiencia».
En 2022 el CICR ha asistido a más de 300 personas desplazadas internamente en Honduras.
Con la nueva se abre «la puerta a la posibilidad de plantear soluciones estructurales», subrayó el CICR.
Honduras reconoció en 2013 el desplazamiento forzado, pero hasta ahora no ha resuelto el problema ni había logrado un mecanismo de asistencia a las personas desplazadas por la violencia, según organismos de derechos humanos. EFE
