Tegucigalpa.- Mediante un pronunciamiento, el Colegio Hondureño de Economistas Capitulo Noroccidental piden se haga una “verdadera socialización” del proyecto de presupuesto general 2024 con todos los sectores del país.
Su presidente, Rafael Delgado, manifestó que debe haber un “serio debate” en la cámara legislativa al momento de su aprobación.
A continuación el pronunciamiento:
El Capítulo Noroccidental del Colegio Hondureño de Economistas en San Pedro Sula, apegado a su misión de contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos del país se pronuncia en los siguientes términos:
- Exigimos a las autoridades del país que contribuyan a una discusión a profundidad del proyecto de Presupuesto General de la República. Sostenemos nuestro convencimiento sobre el agotamiento de la estrategia de elaborar y aprobar un presupuesto para el país sin una debida discusión, sin incorporar las observaciones y aportes de los ciudadanos informados para la solución de los problemas de los más necesitados. Por ello esperamos que la “socialización” anunciada sea genuina y conduzca a incorporar los aportes valiosos de las organizaciones entendidas en la temática.
- En este mismo sentido, exigimos al Congreso Nacional que someta el proyecto de presupuesto a una discusión interna profunda antes de su aprobación y así cerrar con la tradición del pasado de aprobarlo sin el análisis debido por parte de los diputados y al amparo de las altas horas de la noche que inhabilita la participación y da lugar a la manipulación del mismo para fines no lícitos ni en consonancia con los preceptos democráticos.
- Consideramos importante insistir en la propuesta de un Acuerdo Nacional sobre Política Fiscal que de mayor coherencia y enfoque a los presupuestos de los próximos años. Dicho acuerdo deberá convertirse en un compromiso alrededor de principios básicos en la formulación, ejecución y monitoreo del presupuesto; en objetivos y prioridades en las que debe enfocarse la política fiscal en los próximos años, entre otros la inversión pública. Consideramos que el acuerdo debe convertirse a su vez en un pacto nacional contra la corrupción y el despilfarro, fenómenos institucionales que tanto daño le han hecho al país.
- sostenido igualmente que ante la precariedad institucional es necesario la instalación de la comisión internacional de combate a la corrupción y a la impunidad (CICICH) que apoye el fortalecimiento de la institucionalidad y castigue las ilegalidades del pasado.
