Tegucigalpa.- El sistema legal y judicial en Honduras no ha logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos más graves y las amenazas a la seguridad de los defensores de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, dijo hoy una experta de la ONU.
“Los hondureños que trabajan en temas relacionados con la tierra, el medio ambiente, la corrupción, el crimen organizado y los conflictos agrarios y mineros siguen expuestos a un alto riesgo de violencia, ataques en línea y de género, intimidación, campañas de desprestigio y acoso judicial”, ha declarado Irene Khan, Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, al término de una visita oficial al país.
“Casi todos los periodistas con los que hablé – ya sea en medios de comunicación convencionales, medios online o radios comunitarias, hombres, mujeres o de género diverso – afirmaron que la intimidación ha alcanzado un nivel tan alto y que las medidas ofrecidas por el Mecanismo de Protección son tan inadecuadas que se sienten obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias”, afirmó Khan.
La experta pidió una revisión a fondo del Mecanismo de Protección, creado en 2015. “Muchas de las personas con las que me reuní dieron ejemplos concretos de largos retrasos en la respuesta o ausencia de respuesta, evaluaciones de riesgo que no tienen en cuenta el contexto y el entorno en el que las personas viven, trabajan y están en peligro, y la ausencia de consideraciones de género a pesar de que muchos de los que buscan apoyo son mujeres o personas LGBTIQ”, aseguró.
Khan celebró la derogación de la Ley de Secretos Públicos y animó al Gobierno a seguir ampliando el acceso a la información pública, también para las comunidades marginadas e indígenas.
También señaló que los medios de comunicación comunitarios son un vehículo importante para preservar la cultura y las lenguas indígenas, y el principal medio por el que la población de las zonas rurales recibe información.
La experta instó al Gobierno a garantizar que se crean las condiciones legales y operativas adecuadas para el funcionamiento de las radios comunitarias.
Además, instó a las autoridades a adherirse al Acuerdo de Escazú para fortalecer el acceso a la información, promover la participación ciudadana y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales.
“Honduras debe despenalizar los delitos contra el honor (injurias y calumnias) y revisar el delito de usurpación, que se utiliza para criminalizar a quienes protestan pacíficamente en defensa de sus derechos a la tierra y a los medios de subsistencia”, dijo la Relatora Especial.
“El entorno político altamente polarizado ha erosionado la confianza en la integridad de la información, envenenado el discurso público y puesto en peligro las voces disidentes”, afirmó la Relatora Especial.
“Calificar la información crítica de “noticias falsas” no sólo socava y deslegitima a los periodistas, sino que también los hace más vulnerables a amenazas y ataques”, afirmó.
“Insto al Gobierno a que defienda el derecho a la libertad de expresión como herramienta vital para avanzar en sus metas de desarrollo sostenible y democracia inclusiva”, añadió.
La Sra. Irene Khan fue nombrada Relatora Especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión el 17 de julio de 2020. La Sra. Khan es la primera mujer en ocupar este cargo desde la creación del mandato en 1993. Enseña en el Instituto de Graduados de Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra y anteriormente fue Secretaria General de Amnistía Internacional de 2001 a 2009 y Directora General de la Organización Internacional de Derecho del Desarrollo (IDLO) de 2012 a 2019.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
