Tegucigalpa.- La iniciativa de una Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) presentada por la diputada oficialista e hija de la pareja presidencial, Xiomara Hortensia Zelaya, parece más una cortina de humo que una solución.
Así lo manifestó este viernes el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal.
El CNA publicó un video en sus redes sociales en la que aparece Espinal para expresar su pronunciamiento sobre la propuesta presentad esta semana por la congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Desde el CNA cuestionamos las verdaderas intenciones de esta iniciativa que no cumple con el rigor y la técnica jurídica requerida, parecen más cortinas de humo que soluciones”, dijo Espinal.
Señaló que a más de dos años del actual gobierno, hay promesas incumplidas, la presión internacional y el estancamiento en la lucha anticorrupción en referente a la instalación de la CICIH.
Espinal comentó que hay algunos congresistas que viven atrapados en una “ficción jurídica”, argumentando que aprenden rápido las viejas prácticas disuasorias de hacer creer a la población que trabajan, pero que la realidad es que “pierden el tiempo”.
Incluso afirmó que la población hondureña ya no cree en “fabulas ni cuentos parlamentarios”
Sobre la propuesta de ley de la CICIH presentada por la diputada Zelaya Castro, valoró las reformas a la inmunidad parlamentaria y la Ley de Municipalidades.
Aunque consideró que estas reformas se pueden hacer por aparte de la iniciativa de ley de la CICIH.
Sin embargo, cuestionó el artículo uno de la iniciativa en el apartado que el Fiscal General debe acreditar a los miembros de la CICIH como querellante autónomo.
Esto implicaría en la CICIH fuera dependiente del Fiscal General, analizó.
Igualmente, Espinal expresó su preocupación por la redacción del artículo dos señalando que genera incertidumbre la atribución de la CICIH como querellante autónomo.
Al mecanismo anticorrupción se la atribuiría facultades para ejercer investigación y presentación de requerimientos fiscales, mencionó.
“Estaríamos montando una paralela al Ministerio Público, acarreando un vicio de nulidad que solo podría ser solventado por la vía de una reforma al artículo 232 constitucional y las reformas al Código Procesal Penal y a la Ley del Ministerio Público, creando una temporalidad de cinco años”, analizó.
Agregó que esta propuesta de ley también restringe el campo de actuación de la CICIH a un catálogo limitado de delitos y actos jurídicos de carácter público que no constituye delitos como las concesiones de contratos y aprobación de leyes en el Congreso Nacional.
“Si lo que buscan es combatir las redes públicos-privadas de alto impacto, deberían estipularse todos los delitos en contra de la administración pública y no sola limitarlo a malversación de caudales público, prevaricato y cohecho”, aseveró.
