Tegucigalpa.-La Corporación Municipal, Sociedad Civil, sindicatos de la maquila y representación campesina, declararon al municipio de Choloma libre de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES).
Bajo el lema “La patria no se vende, se defiende”, los cholomeños dijeron no al controversial proyecto que fue aprobado en la Cámara Legislativa en 2013.
El alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, firmó el acta de rechazo a las ZEDES, acompañado por representantes de las fuerzas vivas de la ciudad que se unieron a la iniciativa ciudadana, que fue amenizada por música, cuadros de danza y otras actividades.
“Hoy se ha expresado la voluntad de Choloma de manera pacífica y sin violencia, por voluntad del pueblo ahora Choloma está libre de ZEDE. Lo que resta es llevar este reclamo al Congreso Nacional o Corte Suprema”, dijo el alcalde Crivelli.
“Hay otros renglones que están fuera de la facultad de la Municipalidad, que es la operación de la ZEDE Morazán, por ejemplo, ya que nosotros no hemos dado permiso, pero tampoco podemos exigirles que se vayan, pues eso lleva un proceso”, aclaró.
“Como alcalde lo que tengo que hacer ahora es darle curso a esta protesta y llegar hasta las últimas consecuencias. Esta no es la decisión de la Alcaldía, es la determinación del pueblo”, añadió.
Cabe señalar que en este municipio se construye la Ciudad Morazán, una ZEDE destinada a tener infraestructura básica: muro perimetral, planta purificadora de agua, planta de tratamiento de aguas negras, calles, alumbrado eléctrico, zona comercial, escuela bilingüe para los hijos de los empleados y seguridad privada.
Se trata de una comunidad desarrollada en 20 hectáreas, además del área urbanística con 20,000 metros cuadrados de áreas industriales, torres de oficinas, edificios para servicios públicos, escuela, aduana, espacios recreativos como parques y campo de fútbol e instituciones de participación voluntarias como iglesias y clubes deportivos.
Decenas de municipios se han declarado libres de ZEDE y todas las semanas suman protestas de rechazo a este proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, sujetas a un “régimen especial” en las que los inversionistas estarán a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.
