Tegucigalpa.- La muerte de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo caso se convirtió en símbolo del debate sobre los desahucios y el acceso a la vivienda en España, generó nuevas reacciones políticas y mediáticas.
La tertuliana Sarah Santaolalla responsabilizó públicamente a los fondos de inversión, los rentistas, políticos y medios de comunicación por la situación, y aseguró que “no olvidaremos” lo ocurrido. Sus declaraciones se sumaron a las críticas de distintos sectores que han cuestionado las políticas de vivienda y el desalojo de la mujer.
El caso de Maricarmen también ha puesto sobre la mesa las condiciones de su antiguo contrato de alquiler. La mujer llevaba décadas viviendo en el inmueble bajo un régimen de renta antigua y pagaba alrededor de 500 euros mensuales. Tras el cambio de propietario, la empresa reclamó la finalización del contrato y posteriormente elevó la renta hasta 2,650 euros, una cantidad que la pensionista no podía asumir con sus ingresos. El Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad.
El caso ha abierto nuevamente el debate en España sobre los contratos de renta antigua, los derechos de los propietarios y la protección de personas vulnerables frente a los desahucios.
