Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su Centro Asistencial Legal Anticorrupción (ALAC), presentó este martes una denuncia administrativa ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el objetivo de que se auditen e investiguen posibles irregularidades en el uso y manejo de los fondos asignados al Congreso Nacional durante el período 2022-2024.
La acción se fundamenta en los hallazgos del informe titulado “Abuso y opacidad: el verdadero Congreso del pueblo”, elaborado por ASJ, el cual evidencia deficiencias graves en la gestión, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de compras y contrataciones del Poder Legislativo.
El informe señala que el Congreso Nacional no reportó su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de 2022 ni en el portal de transparencia ni en el sitio oficial de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). Aunque en los años 2023 y 2024 se registraron PACCs con montos de 369 y 535 millones de lempiras respectivamente, estos no cumplen con los estándares establecidos por la Ley de Transparencia ni por ONCAE.
ASJ también denunció que, pese a solicitar formalmente la información relacionada con los PACCs y procesos de adquisición, el Congreso sólo remitió a su portal de transparencia, donde los datos no se encuentran disponibles. Esto significa que más de 824 millones de lempiras en contrataciones públicas carecen de información detallada sobre su uso, destino o eficiencia en el gasto.
Otro hallazgo clave del informe es el uso reiterado de la modalidad de compras menores, que sumaron un total de 95 millones de lempiras en el período analizado. Se detectó un patrón de fraccionamiento de procesos, especialmente en compras de alimentación para el personal de seguridad, las cuales ascendieron a 13.6 millones de lempiras. Esta práctica incumple la normativa vigente, al no contar con una planificación clara y facilitar el uso discrecional de los recursos.
Además, se evidenció que de las más de 14,000 compras menores realizadas entre 2022 y 2024, solo 21 fueron reportadas en la plataforma Honducompras. Tampoco se publicaron las ofertas de proveedores no adjudicados, limitando la transparencia de los procesos.
ASJ también denunció que las compras y contrataciones se canalizaron a través de 50 unidades ejecutoras no autorizadas oficialmente, entre ellas diputados y bancadas de partidos políticos, en lugar de las siete unidades reguladas por el reglamento. Esto complica la trazabilidad del gasto y debilita los mecanismos de control institucional.
La organización concluyó que estas prácticas constituyen graves violaciones a la normativa sobre contratación pública y representan una amenaza al interés público, al impedir que los fondos del Congreso Nacional sean administrados de forma transparente, legal y eficiente.
Finalmente, ASJ advirtió que la negación de información, la omisión en los portales oficiales y la respuesta evasiva del Congreso Nacional vulneran el derecho ciudadano a la información, afectan la rendición de cuentas y socavan los principios democráticos del país.
