El presidente Nasry Asfura anunció que el Gobierno de Honduras escuchará propuestas de empresas interesadas en construir una nueva cárcel de máxima seguridad, con capacidad aproximada para albergar a 5,000 personas privadas de libertad, con el objetivo de ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible.
El anuncio se realizó durante una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en la que se evaluaron los resultados de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado y las acciones para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Asfura explicó que se tomarán como referencia modelos penitenciarios internacionales, entre ellos un centro construido en Costa Rica, cuya inversión estimada oscila entre 35 y 40 millones de dólares. El mandatario señaló que se buscarán ofertas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad y permitan avanzar rápidamente con la obra.
Asimismo, informó que su administración gestionará recursos para fortalecer instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, las secretarías de Seguridad y Defensa y el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
En relación con el financiamiento, el gobernante explicó que los recursos de la Tasa de Seguridad fueron incorporados a la caja única del Estado durante la administración anterior, por lo que actualmente se trabaja en nuevas alternativas para garantizar los fondos necesarios.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, presentó resultados de la estrategia contra la criminalidad. Según las cifras expuestas, los homicidios disminuyeron un 13.1 % durante octubre de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior.
Las autoridades también reportaron la captura de 145 presuntos integrantes de estructuras criminales y anunciaron que solicitarán nuevas reformas legales al Congreso Nacional para respaldar las acciones de seguridad.
El proyecto de construcción del nuevo centro penitenciario forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer el sistema carcelario y evitar que las organizaciones criminales continúen coordinando actividades delictivas desde los centros penales.
