Tegucigalpa.-La amnistía aprobada para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia por la junta directiva legislativa que encabeza Luis Redondo la noche del miércoles, ha generado un rechazo general en Honduras porque se atribuye se trata de un nuevo pacto de impunidad.
Entes de sociedad civil, la empresa privada e incluso sectores políticos rechazan el decreto que liberaría de responsabilidad a los que han cometido delitos en contra de la administración pública e incluso para ilícitos de criminalidad organizada.
La amnistía aprobada abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.
El decreto incluye delitos como: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y otros más, incluso de criminalidad organizada.
Las reacciones no se han hecho esperar al conocerse detalladamente los alcances del proyecto aprobado en la Cámara la noche del miércoles mientras muchos miraban el partido de la selección nacional de Honduras y otros disfrutaban la alborada al 275 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.
El propio ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, cuestionó la Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, al postear en su cuenta de Twitter: “Un nuevo pacto de impunidad”.
