Tegucigalpa, 17 dic (EFE).- Al menos 29 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Honduras en 2019 y alrededor de 500 activistas han sido víctimas de ataques por defender los derechos de sus comunidades y los recursos naturales del país, según un informe difundido este martes en Tegucigalpa.
El «Informe Situacional DDHH 2019 en Honduras: Mordaza, Cárcel y muerte para DDH» fue difundido y elaborado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) con apoyo de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo (Trocaire), la Organización Mundial Contra la Tortura y Heks Eper, ente suizo de desarrollo de las iglesias protestantes.
Según el documento, el último defensor de los derechos humanos y periodista asesinado en Honduras fue José Alejandro Arita, quien fue atacado a tiros por hombres desconocidos el 25 de noviembre en la ciudad de Puerto Cortés, en el norte del país.
Arita recién acababa de presentar el programa «La hora de la vedad», en el Canal 12 de Puerto Cortés, cuando fue asesinado.
En declaraciones a Efe, la directora de la ACI-Participa, Hedme Castro, expresó su preocupación por los ataques y agresiones de las que son víctimas los defensores de derechos humanos y la violación de esos derechos en Honduras.
Agregó que este año han tenido «mayor significación» la muerte de defensores de los recursos naturales en Honduras.
Según el informe de ACI-Participa, la Unidad de Protección a Defensoras en Riesgo registra «un total de 1.115 ataques y agresiones dirigidas hacia 499» activistas en 15 de los 18 departamentos del país centroamericano.
Siete de los 29 activistas asesinados este año eran además periodistas, señaló Castro, quien destacó la importancia de «visibilizar» la situación de los defensores de derechos humanos en el país.
El 90 % de los crímenes de activistas están impunes en Honduras, donde los defensores del medioambiente y de la libertad de expresión son los más afectados, aseguró la directora de la ACI-Participa.
«Honduras está siendo visto a nivel nacional e internacional como un país violento, que no le ofrece las garantías a la población y donde los defensores de derechos humanos no tienen la libertad de manifestarse y expresarse», enfatizó Castro.
Instó al Gobierno hondureño a garantizar la independencia de los poderes del Estado y disolver la Policía Militar de Orden Público, creada en agosto de 2013 e integrada por más de 4.000 miembros del Ejército con experiencia en el combate al crimen organizado.
Castro cree que también es necesario que la Policía de Honduras «no abuse de su poder y no reprima con tanta fuerza a los manifestantes, porque es un derecho constitucional el manifestar lo que pensamos y reivindicar nuestros derechos».
El informe indica que el Gobierno hondureño, que preside Juan Orlando Hernández, ha estigmatizado, difamado y criminalizado a defensores de derechos humanos este año de «manera más intensa».
«Como en años anteriores, los defensores del ambiente y de los bienes comunes y naturales han sido víctimas de violación a sus derechos, criminalizados, muchos encarcelados, heridos y asesinados», destaca el documento.
La ACI-Participa responsabiliza de estos hechos al gobernante hondureño y su Gobierno, en un país donde la libertad de expresión también ha sido «violentada» este año.
La organización hondureña exhortó al Estado a garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión y que cesen los ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos.
A la comunidad internacional le pide que «no apoye» a ningún presidente hondureño mientras «no respondan con resultados tangibles en el combate a la corrupción, la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la garantía, así como el respeto de los derechos humanos».
El informe destaca también la vulnerabilidad que viven comunicadores y miembros de la comunidad lésbica, bisexual, gay y transgénero (LGTB) en la nación centroamericana. EFE
