Tegucigalpa.-El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, lamentó que ministros y funcionarios del Estado estén reclamando pago de “prestaciones”, catalogándolo como un abuso de poder y algo nunca antes visto.
“Yo nunca había visto, ni el pueblo hondureño que a ministros y a altos funcionarios del Estado estén de manera avorazada reclamando pago de prestaciones esto me parece totalmente inusual y totalmente abusivo de parte de este tipo de funcionarios”, expresó.
Barrientos mencionó que la constitución de la república señala que los altos funcionarios, así como secretarios de Estado del gobierno central son de libre remoción si el presidente de la República así lo decide.
“Esto significa que los puede nombrar y los puede remover de su cargo en cualquier momento, de lo cual se infiere que no tienen derecho al pago de prestaciones”, agregó.
Por otra parte, mencionó que si hay derechos que se le deben pagar a cualquier empleado, como ser: horas extra, vacaciones, aguinaldo proporcional, catorceavo proporcional; los cuales si son de manera obligatoria.
Barrientos adicionó que es seguro que el Estado, no tiene recursos para pagarles prestaciones a funcionarios con tan altos salarios porque el Estado prácticamente subsiste y no cumple con sus requisitos fundamentales como brindar seguridad, salud y educación.
Finalmente, criticó que el actual Gobierno aún a última hora quieran aprovecharse de los recursos del Estado.
Los Servidores de la Administración Pública que han laborado de forma consecutiva para el Estado se les concederá indemnización conforme al beneficio que se les otorga a los empleados regidos por la Ley del Servicio Civil, informó este lunes la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización.
La indemnización se equipará con base al Decreto 189-59 y su reforma Decreto No. 150-2008. Este beneficio también aplicará aquellos servidores públicos que desempeñan cargos de servicio excluido, detalló el ente gubernamental en un comunicado.
Gobernación aclaró que las actuaciones relativas al pago de prestaciones e indemnizaciones legales producto de la cancelación en los cargos de funcionarios y servidores públicos se encuentra amparado en la disposición antes dicha y se extiende la misma a los cargos de puestos excluidos, los que son definidos por la Ley de Servicio Civil a título de exclusión en el artículo 3, entre otros, los secretarios y subsecretarios de Estado que se desempeñan en las diferentes carteras ministeriales de la administración pública.
“Ante la desinformación surgida en los diferentes medios de comunicación, el Gobierno de la República por medio de esta Secretaría de Estado manifiesta que los derechos laborales concernientes a los funcionarios públicos, están amparados en lo que establece puntualmente las disposiciones Generales del Presupuesto, ley de Servicio Civil y la Ley General de la Administración Pública en otras”, resaltó la nota de prensa.
