Tegucigalpa.-La directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, dio a conocer que apenas el 7 por ciento de los candidatos a cargos de elección popular en Honduras, aportan tributos a la Hacienda Pública; por lo que dijo que legalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE), no debió inscribir a los evasores del fisco.
Guzmán detalló que, de 14 partidos políticos evaluados con un total de 32,733 candidatos a cargos de elección popular en todos los niveles, 12,441 no cuentan con RTN, mientras que 20,292 si tienen el Registro Tributario Nacional Numérico.
Según el estudio presentado por el SAR, del total de candidatos que cuentan con su RTN, al menos 3,121 están adheridos al régimen de facturación, mientras que 17,171 no lo están.
De igual forma, de los 20,292 aspirantes a cargos de elección popular con RTN, únicamente el 7 por ciento que equivalente a 1,343 aportan al fisco, siendo los conceptos de aportación por medio del Impuesto Sobre la Renta, retención de sueldos y salarios, retención por honorarios profesionales y retención por dividendos.
“El resto no están aportando al desarrollo del país. La pregunta que deberá hacerse a través de la Unidad de Política Limpia es, y ¿cómo están financiando su campaña política sino tiene ni siquiera para aportar al fisco? o ¿de dónde sacan la plata?”, cuestionó Guzmán.
De los 18,949 que no están aportando fisco, la titular del SAR dijo que hay 34 candidatos que tienen actividad económica gravable, pero que están evadiendo el fisco de forma descarada.
“Lo sabemos porque el SAR tiene cruce de información ya sea de la empresa privada o instituciones del estado”, indicó.
Guzmán desglosó que del universo que aspiran en el nivel electivo presidencial, apenas tributan el 5 por ciento, es decir que solo uno de los candidatos paga como debe ser y que, de los tres presidenciables que tienen opciones fuertes de ganar, uno ni siquiera presenta declaración de impuestos y otro presentó un centavo que había recibido en 2020.
Dicho informe fue presentado durante la firma de un convenio entre la Unidad de Política Limpia y el SAR, para determinar la fuente de financiamiento de los candidatos a cargos de elección popular.
