La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en vigor este viernes una nueva norma migratoria que amplía los criterios que podrán utilizar las autoridades para determinar si un extranjero que solicita la residencia permanente podría convertirse en una “carga pública”.
La disposición permite a los funcionarios migratorios considerar una mayor variedad de beneficios públicos al evaluar determinadas solicitudes de ajuste de estatus. Entre estos se incluyen algunos programas de asistencia económica, alimentación, vivienda y determinados servicios de salud sujetos a requisitos de ingresos.
La evaluación no dependerá únicamente de si el solicitante recibió algún beneficio. Las autoridades también podrán analizar el conjunto de circunstancias de cada caso, incluyendo factores como la edad, situación económica, salud, composición familiar y recursos disponibles.
La medida busca reforzar el principio de autosuficiencia de los inmigrantes, según sostiene la administración Trump, y representa un cambio respecto a las reglas adoptadas durante el gobierno de Joe Biden.
La nueva política no se aplica de manera general a todos los inmigrantes, ya que existen categorías de personas protegidas o exentas de la determinación de inadmisibilidad por “carga pública”.
La implementación de la norma ocurre además en medio de acciones legales impulsadas por varios estados y gobiernos locales, que buscan impedir su aplicación y cuestionan sus posibles efectos sobre las familias inmigrantes que utilizan programas de asistencia pública.
USCIS indicó que los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 serán evaluados bajo los criterios anteriores, mientras que los recibidos a partir de esa fecha podrán estar sujetos a los nuevos lineamientos.
