Tegucigalpa. El director de investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, es del criterio que la suspensión de visas a las personas implicadas en actos de corrupción no es suficiente.
Es de recordar que recientemente Estados Unidos anunció una nueva política que permitirá negar los visados a funcionarios actuales o antiguos de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, así como a otras personas señaladas de socavar la democracia.
“No es suficiente, es un punto de partida, pero no suficiente. Estamos viendo que el caso guatemalteco reciente de la remoción de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) hay dos extremos: el castigo o la presión que recibe el actor público de las estructuras políticas de Guatemala versus la sanción que puede venir desde los Estados Unidos ya sea la prohibición de ingresar al territorito estadounidense o algún tipo de sanción económica”, apuntó Ramírez.
La fiscal general de Guatemala Consuelo Porras, destituyó de su cargo al fiscal Sandoval por presuntos «vejámenes» del ahora exfuncionario en contra de la propia fiscal general.
Ramírez mencionó que pareciera ser que pesan más las acciones o amenazas de sanciones que puedan venir las estructuras políticas de poder que hay en el país que la de un país extranjero, en este caso Estados Unidos.
No obstante, para el investigador de ASJ una cosa es prohibir el ingreso a Estados Unidos y otra es que esas personas pueden buscar en otro país la forma de cómo abrir cuentas bancarias o comprar bienes inmuebles.
En ese sentido, estimó que Estados Unidos tiene que promover acuerdos internacionales con otros países para que se les haga difícil a los corruptos movilizarse a otras naciones.
