Tegucigalpa – La suspensión de garantías constitucionales en Honduras por la pandemia de la covid-19 implicaron dificultades para la cobertura periodística, indicó este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su Asamblea General.
«En el marco de la pandemia de la covid-19, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández decretó toque de queda absoluto a nivel nacional, suspendiendo las garantías constitucionales. Estas restricciones de movilidad implicaron dificultades para la cobertura periodística», señaló la SIP.
Además, recordó que «muchos periodistas se contagiaron y murieron» a causa de la covid-19, entre ellos David Romero, «quien se encontraba preso desde marzo de 2019 por el delito de calumnias e injurias»
Romero, quien denunciaba presuntos actos de corrupción en el Gobierno de Hernández, «se contagió y murió días después en un hospital».
Otros periodistas hondureños fallecidos por covid-19 son Pablo Matamoros, coordinador de prensa del canal de televisión Hable Como Habla (HCH); Francis Bojorques, José Edilberto Zelaya, el comunicador de eventos sociales Pedro Joaquín Boquín y el diseñador gráfico del diario La Tribuna, Juan Carlos Salgado.
La SIP también expresó que en Honduras continúa la violencia y las agresiones contra periodistas, según el informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Asociación para una Sociedad más Justa.
Recordó que el 27 de septiembre el periodista independiente Luis Alonso Almendáres «transmitía en vivo en Facebook en una calle en Comayagua (en el centro del país) cuando desconocidos en una motocicleta le dispararon».
Almendáres, quien cubría información policial, notas sociales y denunciaba hechos de corrupción en las redes sociales, había recibido amenazas de muerte, «falleció al día siguiente a causa de las heridas», indicó la SIP.
El 1 de julio el periodista Germán Vallecillo y su camarógrafo Jorge Posas, quienes trabajaban para el Canal 45, fueron asesinados a tiros por desconocidos en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño.
El informe de la SIP agrega que en Honduras 29 periodistas cuentan con medidas de seguridad por parte de la Dirección General del Sistema de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Además, los delitos de difamación serán procesados en el ámbito civil desde que el Congreso Nacional revisó en el nuevo Código Penal todos los artículos relativos a los delitos contra el honor que criminalizaban y castigaban con cárcel y sanciones pecuniarias el ejercicio de la libertad de expresión.
«El nuevo Código Penal, sin embargo, tiene disposiciones que podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social», subraya el informe.
El organismo también recordó que el presidente hondureño «no ha respondido a la petición para reformar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, debido a que la Ley de Secretos, como se le conoce popularmente, vulnera el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia».
La ley, en vigencia desde el 24 de enero de 2014, es considerada un obstáculo para el acceso a la información pública, pues blinda la información reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, con 5, 10 y hasta 25 años, relacionada a más de 20 ministerios y direcciones de Gobierno, denunció la SIP.
Señaló además que se monitorean los términos y alcance de la Ley sobre Ciberseguridad, aprobado por la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, debido a serios riesgos para la libertad de expresión.
«La ley establece medidas para prevenir actos de odio y discriminación en las redes sociales e internet, creando un mecanismo jurídico para regular el manejo de la información en redes sociales con obligaciones para los dueños o administradores de los sitios web», indicó la SIP. EFE
