Tegucigalpa.- La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) dio a conocer que tomaron la determinación de suspender a un agente de la Policía Militar por gasear a un privado de libertad en una cárcel de Támara.
Es por ello que han informado a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
1.- Que el día jueves catorce de septiembre del año en curso, circuló un video en redes sociales donde aparecen dos supuestos miembros de la Policía Militar del Orden Público, personas ingresando y dejando encerrado a un privado de libertad en una celda, lanzándole una granada de gas lacrimógena.
2. Que a raíz de la circulación de este video la Comisión Interventora procedió a investigar la autenticidad del video y los posibles involucrados logrando identificar que los hechos efectivamente ocurrieron el día 25 de agosto del presente año, en un Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penal de Támara, identificando a uno de los dos involucrados, quien fue suspendido de manera inmediata de su cargo.
3. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal, que obliga a los funcionarios públicos a denunciar todos aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, se remitió el informe respectivo al Ministerio Público, para que ejerza la acción pública y que a través de los entes encargados se determine el grado de participación y la inocencia o culpabilidad de los posibles actores, en respeto al derecho a la presunción de inocencia que manda la Constitución de la República..
4. La Comisión Interventora hace suya toda la normativa vigente ratificada por Honduras en materia de Derechos Humanos de los privados de libertad, plasmados en la Constitución de la República y toda la normativa nacional e internacional, respetando su condición de vulnerabilidad y su Dignidad Humana, quienes en el cumplimiento de su pena no deben de tener más limitaciones que las que estrictamente ordena la ley, por lo que todo acto contrario a la ley, cometido por cualquier miembro de la institución, será denunciado y puesto a la orden de las autoridades judiciales
5. Reiteramos nuestro compromiso de cumplir con la misión que nos ordenó la Presidenta de la República, de recobrar y mantener el control y el orden de los Centros Penales del País, por lo que hechos como estos, no detendrán la marcha que hemos emprendido para devolver a la
ciudadanía en general la paz y seguridad que anhelamos todos los hondureños, fortaleciendo los procesos para una efectiva y correcta reinserción a la sociedad de parte de las personas privadas de libertad, respetando sus derechos humanos y dignidad como personas.
