Tegucigalpa.- Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), reveló en su informe anual que el delito de extorsión ha alcanzado un preocupante 11.1% en 2023, marcando el nivel más alto en los últimos cinco años en Honduras. El reporte destaca que los departamentos de Cortés, La Paz, Colón, Yoro y Francisco Morazán son los más afectados por este flagelo.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, incluyendo la implementación del estado de excepción y el plan antiextorsión, el impacto en la población hondureña ha sido significativo. Aunque se han reportado 760 denuncias por extorsión hasta octubre, cifra menor en comparación con años anteriores, los datos revelan una tendencia preocupante en el aumento de la victimización.
El informe detalla que, desde la activación del plan antiextorsión en noviembre de 2022 por el gobierno de Xiomara Castro, se han logrado detener a 314 personas vinculadas a este delito, mientras que 40 casos han sido remitidos al Ministerio Público para investigación.
Sin embargo, el presupuesto asignado para combatir la extorsión apenas ha sido ejecutado en un 30% durante 2023. A pesar de la aprobación de un acuerdo ejecutivo para adquirir equipo tecnológico de seguridad en octubre, hasta la fecha no se ha reflejado ninguna ejecución en esta área presupuestaria.
Expertos consultados por ASJ han evaluado que solo tres de las 30 acciones planeadas en el plan antiextorsión se han cumplido efectivamente. Entre las acciones no realizadas, se destaca la necesidad de crear una comisión integral que involucre a diversos sectores, así como la falta de avance en reformas penitenciarias y estrategias operativas específicas.
En este sentido, ASJ ha recomendado a la Secretaría de Seguridad la mejora e implementación efectiva del plan antiextorsión, llamando a la unión de esfuerzos con los sectores afectados, fiscales, jueces, sector financiero y sociedad civil para combatir integralmente esta problemática.
Finalmente, el informe de ASJ sugiere la suspensión del estado de excepción, ya que a pesar de su implementación por más de un año, no ha tenido un impacto directo en la disminución de la extorsión y ha generado preocupaciones sobre la supresión de derechos ciudadanos.
