Tegucigalpa.- Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó su preocupación por el hecho de que el ejercicio del derecho se haya convertido en una profesión de alto riesgo para aquellos que la practican.
Entre los años 2016 y 2023, alrededor de 200 profesionales del derecho denunciaron ante el Conadeh estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado interno.
Según un informe del Conadeh, solo en 2022 esta institución atendió a 43 abogados en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado interno debido a la violencia, de los cuales el 58% son hombres y el 42% mujeres.
En ese mismo año, 33 profesionales del derecho estaban en situación de riesgo, mientras que diez aseguraron ser víctimas del desplazamiento forzado.
Según las denuncias atendidas por el Conadeh desde el año 2016, la mayoría de los actos de violencia tuvieron lugar en cinco departamentos: Cortés, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso y Choluteca.
Los casos
En el transcurso de los años desde 2016 hasta el 2023, el Conadeh registró un aumento progresivo en los casos de abogados en riesgo o víctimas de desplazamiento.
En el 2016, se atendieron 11 casos, cifra que aumentó a 16 en el 2017, manteniéndose en esa misma cifra en el 2018, y aumentando significativamente a 38 en el 2019.
En el 2020, se reportaron 23 casos, seguidos de 16 en el 2021. Sin embargo, en el 2022 esta cifra se disparó a 43, y el recuento preliminar para el 2023 indica que las quejas superan las 30.
De acuerdo con el Conadeh, del total de profesionales del derecho atendidos desde el año 2016, el 52% son hombres y el 48% son mujeres.
El Conadeh reveló que, entre los agresores aparecen con un 39% personas conocidas, el 33% son desconocidas, el 21% pertenecen a grupos criminales y un 5% los identifican las víctimas como operadores de justicia, entre otros.
Protección
Alrededor de 210 abogados han sido asesinados en Honduras entre 2004 y lo que va de 2023.
Señaló que el Estado de Honduras es responsable de asegurar que los profesionales del derecho puedan llevar a cabo sus labores sin ser intimidados.
Asimismo, realtó que en la necesidad que las autoridades encargadas de la seguridad en el país proporcionen la protección necesaria «en casos donde su integridad física y su vida estén en peligro».
La defensora de los derechos humanos subrayó la necesidad de asegurar una protección y respeto reforzados para los profesionales del derecho.
«Es crucial poner fin a la impunidad que prevalece en más del 90% de los casos de delitos perpetrados contra la integridad física y la vida de los abogados en el país. Esta impunidad obstaculiza el esclarecimiento de las circunstancias que llevan a la violenta pérdida de vida de quienes ejercen esta profesión», declaró.
