Tegucigalpa.- El dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, Wilmer Cálix reveló hoy que durante el 2023 este rubro pagó entre 500 y 600 millones de lempiras en extorsión, dinero que fortaleció a diferentes estructuras criminales.
El dirigente del rubro lamentó la anterior situación y alertó que inician el año golpeados por nuevas estructuras criminales que están solicitando el pago de extorsión.
Reflexionó que el negocio del transporte es rentable, pero todas las ganancias están en los bolsillos de las estructuras criminales.
Durante el 2023 el delito de extorsión llegó a su nivel más alto en los últimos cinco años en Honduras, según el informe «Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados», presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ)
A pesar de la puesta en marcha del plan antiextorsión y de la implementación del estado de excepción, la extorsión afectó en 2023 a 11.1 % de la población hondureña, según el informe.
No obstante, desde el anuncio del estado de excepción, en total, la Secretaría de Seguridad reporta la detención de 314 personas vinculadas al delito de extorsión y 40 casos investigados remitidos al Ministerio Público.
Sin embargo, las autoridades se quejan que no hay cultura de la denuncia ciudadana y eso entorpece la lucha contra la criminalidad que se dedica a cobrar extorsión.
No obstante, Cálix recordó que ya hay un anteproyecto de ley para que el delito de extorsión pase de orden privado a público, lo que les permitiría a las autoridades actuar de oficio.
En apenas 11 días del año 2024 tres rutas en Tegucigalpa han tenido que paralizarse por no poder pagar la cuota de extorsión a nuevas estructuras criminales, reprochó.
Con base en lo anterior, exhortó a las autoridades a reforzar la lucha contra la criminalidad y garantizar la seguridad de los transportistas y colaboradores de este rubro.
