Se debe luchar por una justicia efectiva para juzgar en Honduras a quienes han cometido delitos, dice la titular de la CSJ

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Tegucigalpa.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizeth Ráquel Obando, ha hecho un llamado enérgico a fortalecer el sistema judicial de Honduras para garantizar que los ciudadanos que han delinquido sean juzgados en el país y no en el extranjero.

En sus declaraciones, Ráquel Obando enfatizó la importancia de una justicia efectiva y pronta, destacando el deseo de que los hondureños enfrenten la justicia dentro de sus propias fronteras. «Qué más quisiéramos que nuestros hondureños fueran juzgados acá en Honduras, no en otro país, y por eso es que debemos de luchar por tener una justicia que sea efectiva, pronta. Ese es el trabajo que nos toca hoy venir hacer», afirmó la funcionaria.

Estas afirmaciones surgen en medio del reciente juicio enfrentado por el expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, así como otros ciudadanos hondureños que han sido extraditados y condenados en el país norteamericano. Este contexto ha generado discusiones sobre la eficacia y la equidad del sistema de justicia hondureño.

Las palabras de la presidenta de la CSJ han provocado diversas reacciones en el ámbito nacional, con algunos analistas planteando la posibilidad de una revisión del auto acordado sobre la extradición. Sin embargo, figuras políticas como el diputado Eliud Girón han asegurado que no hay intenciones de eliminar dicho acuerdo, aunque sí se buscará la reciprocidad en el tratamiento de estos casos.

Por otro lado, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha negado que se esté considerando algún dictamen relacionado con la extradición en la agenda legislativa, además de descartar cualquier iniciativa sobre la reelección presidencial, reafirmando su carácter inconstitucional.

La discusión en torno a la justicia y la extradición continúa siendo un tema relevante en Honduras, donde se busca garantizar un sistema judicial sólido y equitativo que permita juzgar a aquellos que han infringido la ley dentro del país.