Tegucigalpa.- El designado presidencial, Salvador Nasralla, ha lanzado una seria advertencia sobre presuntas presiones ejercidas por el Poder Ejecutivo sobre el Judicial en Honduras. Según Nasralla, estas presiones apuntan a consumar un proyecto político que busca instaurar una asamblea nacional constituyente, facilitando así la reelección de figuras como XC o Mel, del Partido Libertad y Refundación (Libre), lo cual actualmente prohíbe la Constitución.
«Nuestra democracia está en peligro», alerta Nasralla, quien afirma que el poder ejecutivo estaría buscando modificar el reglamento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para obtener votos favorables a través de métodos poco éticos. Según él, esto incluiría incluso intentos de «comprar» votos de magistrados para lograr sus objetivos, señalando un paralelo con lo ocurrido en la elección ilegal del fiscal general.
Por su parte, el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, denuncia que ya se han contabilizado «tres atentados» contra la forma de gobierno, la Constitución y la democracia por parte del Gobierno. Estos incluyen los intentos de modificar el reglamento de la CSJ, alterar la normativa de rotación de magistrados y, más recientemente, quitar la facultad a las Fuerzas Armadas de velar por la alternabilidad presidencial.
El diputado de Libre, Ramón Barrios, ha presentado una iniciativa en el Congreso para cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, buscando limitar su función a la defensa territorial y la soberanía nacional, despojándolas de su responsabilidad de velar por la alternabilidad en la Presidencia.
Estas acciones han generado una fuerte reacción en el ámbito político hondureño, con voces que denuncian un intento de socavar los principios democráticos y consolidar un régimen autoritario. La sociedad civil y la comunidad internacional están atentas a los acontecimientos en Honduras, mientras crece la preocupación por el futuro de la democracia en el país centroamericano.
