Tegucigalpa.- La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), se notificó recientemente de un fallo emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara “firme y ejecutoria” una sentencia obtenida el 06 de marzo de 2017 en el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Se trata del fallo de culpabilidad emitido por la Sala V del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en contra del exdirector del IHSS, Mario Roberto Zelaya Rojas, su exgerente administrativo y financiero, José Ramón Bertetty Osorio y el propietario de la empresa J & J Travel Tours, John Charles Bográn Velásquez, por haber cometido una serie de actos irregulares en el manejo del fallido Programa de Afiliación al Migrante Hondureño en Estados Unidos.
Según ese veredicto se condenó a Mario Zelaya y a José Bertetty por un delito de abuso de autoridad en concurso real y un delito de fraude en concurso ideal con el delito de violación de los deberes de los funcionarios y a Charles Bográn por el delito de otros fraudes.
Este caso se refiere al trámite al margen de la ley, la compra sobrevalorada de pasajes aéreos y el pago de viáticos para realizar una gira por ocho ciudades de la Unión Americana (administración 2010-2014).
Esto con el fin de socializar el fracasado proyecto, en el que se demostró el dolo manifiesto, la omisión de licitaciones públicas o privadas, la contratación directa irregular y la confabulación para defraudar el fisco de parte de los encausados.
Según los hechos probados, por el Programa de Afiliación al Migrante Hondureño del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que nunca se ejecutó, se derrocharon dos millones 46 mil 834 lempiras con 24 centavos de los cuales gastaron un millón 203 mil 966 lempiras en la compra de cinco pasajes aéreos, los que se comprobó fueron sobrevalorados en 937 mil 765 lempiras con 53 centavos, es decir en cinco veces su valor real.
Tras la condena por esta infructuosa iniciativa, las penas concretas dictadas a Zelaya y Bertetty fueron de 15 años de reclusión y a Bográn de ocho años, lo cual ha sido rarificado una vez que la Sala Penal, como última instancia en el proceso, declaró “no ha lugar” los recursos de casación interpuestos por los abogados defensores de los dos exfuncionarios y el empresario, dándole la razón a la Unidad Nacional de apoyo Fiscal en cuanto a su tesis acusatoria.
