Tegucigalpa.- En una nueva instancia, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha emitido un ultimátum al alcalde y los regidores para que presenten un plan de acción relacionado con el caso Sulambiente. En caso de incumplimiento, el pleno se enfrenta a la posibilidad de ser suspendido de sus cargos.
La crisis en la municipalidad se desató cuando el alcalde Roberto Contreras solicitó al TSC llevar a cabo una investigación especial sobre el proceso de licitación y ejecución de contratos de servicios de limpieza vial, manejo de residuos sólidos urbanos, mantenimiento de áreas verdes, limpieza de solares baldíos, servicio de corte y poda, y adquisiciones y contrataciones para la Feria Juniana.
Una vez concluida la investigación, el TSC elaboró un informe que fue remitido al pleno corporativo, en el que se incluían varias recomendaciones destinadas a evitar una demanda por parte de la empresa Sulambiente en lo que respecta a la limpieza vial. Según el informe, la municipalidad adeuda a la empresa recolectora una suma de aproximadamente 800 millones de lempiras debido a costos adicionales que no se han pagado. El incumplimiento de este pago podría resultar en una demanda legal.
El informe también resalta la negativa de la municipalidad de efectuar el pago adeudado a la empresa, lo cual ha generado controversia. El contrato en su cláusula 41 establece el procedimiento para resolver las disputas existentes. Asimismo, el TSC hace recomendaciones dirigidas a funcionarios específicos, algunos de los cuales fueron despedidos por el alcalde Roberto Contreras por brindar información al TSC.
Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe, el TSC requiere que la municipalidad presente un plan de acción en un plazo de quince días hábiles, detallando el período para ejecutar cada una de las recomendaciones y las acciones tomadas al respecto.
Sin embargo, el plazo ha vencido y la municipalidad no ha presentado el plan de acción. En su lugar, se realizaron una manifestación y una impugnación al informe emitido por el TSC. El alcalde Roberto Contreras ha reiterado en varias ocasiones que no pagará los costos adicionales a Sulambiente, argumentando que no están contemplados en el contrato. No obstante, la empresa afirma que no ha renunciado a dichos costos y ha presentado un reclamo administrativo por una suma de 817,475,879 lempiras.
En medio de esta situación, la Corporación Municipal se ha dividido. El regidor José Antonio Rivera presentó una moción durante la sesión 61, solicitando al alcalde que respondiera al informe y presentara el plan de acción como medida para evitar futuros reparos. Sin embargo, no todos los regidores lograron votar a favor de esta moción, ya que el alcalde la clausuró, lo cual llevó a seis regidores a imponer una agenda para dar seguimiento al tema. Al final, únicamente dos regidores no secundaron ni votaron a favor de la moción.
La situación ha generado un clima tenso en el pleno, con los regidores argumentando falta de respeto y persecución por parte del alcalde. Incluso, uno de ellos, Vicente López, ha presentado una denuncia por abuso de autoridad en el Ministerio Público.
La situación se complica aún más con el oficio recibido recientemente por la Secretaría Municipal, firmado por el magistrado presidente José Juan Pineda. En dicho oficio, se exige a la Corporación Municipal que presente el plan de acción solicitado en un plazo de ocho días hábiles. En caso de incumplimiento, se mencionan las posibles consecuencias administrativas, que podrían incluir multas, amonestaciones, suspensiones o destituciones de los cargos según lo establecido en la ley.
Dada la gravedad de la situación, los expertos en temas municipales instan al alcalde a buscar asesoramiento adecuado para evitar un desenlace que pueda perjudicar tanto a la ciudad como al propio alcalde.
